Breve reseña 3era sesión Taller “Revoluciones siglo XX”: Revolución y contrarrevolución en España-La prueba del anarquismo y el problema de la toma del poder

Revolución y contrarrevolución en España

La prueba del anarquismo y el problema de la toma del poder

Gabriel Muñoz Carrillo.

Licenciado en Historia /Estudiante de Pedagogía U. Chile

             El presente artículo tiene como objetivo principal desarrollar reflexiones estratégicas sobre la revolución española de 1931 a 1936 a partir de las ponencias presentadas en la tercera sesión de los Talleres “Revoluciones en el siglo XX” que realizó la Agrupación Combativa y Revolucionaria (ACR) en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.

El taller se propuso dos objetivos: 1) una caracterización precisa de la revolución española a la luz de la teoría de la revolución permanente y, 2) un debate con el anarquismo español, actor político fundamental que dirigió a los sectores más decididos de la clase obrera y el campesinado hispano, pero que no poseyó una estrategia capaz de llevar al proletariado a la conquista del poder político.

El análisis se fundamentó principalmente en las elaboraciones que León Trotsky escribió al calor de este importante proceso revolucionario. También se utilizó bibliografía de historiadores y figuras políticas pertenecientes al anarquismo y el marxismo^[1].

Ante el nuevo ciclo de lucha de clases abierto en Chile a partir de 2011, la juventud combativa necesita aprehender las principales lecciones estratégicas de cada uno de los procesos revolucionarios presentes y pasados, porque entendemos que cada una de las luchas por acabar con el capitalismo, constituyen un patrimonio de todos los trabajadores, jóvenes luchadores y pobres del mundo.

“En el momento en que escribimos la guerra civil española aún no ha terminado. Los obreros de todo el mundo esperan febrilmente la noticia de la victoria del proletariado español. Si, como firmemente esperamos, alcanza la victoria, deberemos decir que esta vez los obreros habrán vencido a pesar de que su dirección haya hecho lo posible por preparar la derrota ¡Tanto más honor y gloria para los obreros españoles!» (León Trotsky)

-Parte 1-

Revolución española y revolución permanente

 La España burguesa de los años 30

Hacia comienzos del siglo XX España era un país económicamente atrasado. Atrás había quedado la gloria de lo que alguna vez fue el “imperio del sol” y la potencia mercantil más importante del mundo. La llegada del capital industrial y el imperialismo europeo nórdico tuvieron un enorme impacto en la formación social hispánica.

Durante las primeras décadas del siglo XX ciertos puntos de la península ibérica comenzaron a ser protagonistas de un desarrollo industrial y urbano que permitió la emergencia de una joven clase obrera. El periodo entre guerras motorizó la economía industrial de ciertas regiones como Cataluña (que concentraba cerca del 45% de los trabajadores asalariados de todo el estado español). De un total de 23.000.000 habitantes sólo 1.500.000 pertenecían a la clase obrera. No obstante éste desarrollo sectorizado, la España burguesa no lograba y no podía revertir la situación penosa de su pueblo ni tampoco resolver los viejos conflictos sociales y nacionales en su interior.

El 70% de la población vivía de la tierra, que en su mayoría estaba concentrada en un puñado de terratenientes. El hambre se hacía sentir cada vez que asomaban malas cosechas o cuando el mercado internacional se tambaleaba. Más del 50% de la población era analfabeta. Esta situación confirmaba la dinámica de un desarrollo desigual y combinado en España: un país en el cual se combinaban formas de producción capitalista industrial con formas productivas heredadas del feudalismo y la sociedad mercantil.

El clero, con más de 25.000 sacerdotes y 90.000 monjas superaba a los estudiantes de enseñanza secundaria y doblaban el número de estudiantes universitarios de la época. La Iglesia controlaba la educación y sometía a los trabajadores y campesinos al dominio del rey. Constituyó  el principal terrateniente urbano, sostenido por las arcas del Estado y emparentado con las clases sociales altas.

El Ejército se encontraba dirigido por parientes de las dos clases sociales dominantes: los terratenientes y los industriales. El clero y el Ejército eran la fuerza reaccionaria que sostenía al régimen del rey Alfonso XIII de Borbón que gobernaba el país.

Alfonso XIII y los nuevos industriales gobernaron España durante los años 20 a través de la dictadura del General Miguel Primo de Rivera. Un dictador cuyo fin era perseguir a los anarquistas y comunistas, desarticulando la pujante organización obrera en torno a sindicatos rebeldes. El rey consiguió varios años de paz a cambio de una restricción de libertades públicas y la supremacía nacional de la casa real, que por ejemplo, prohibía el uso público de lenguas distintas a la castellana. Su régimen también aseguró mediante la fuerza militar el dominio de colonias en el noroeste de África (Marruecos).

En 1929 estalló la gran crisis económica mundial. El gobierno dictatorial enfrentó esta nueva situación profundamente divido. En enero de 1930 el movimiento contra la dictadura avivado por socialistas, republicanos y sectores de la burguesía logra derrocar al dictador. El descontento popular se materializó en importantes marchas masivas de obreros y estudiantes, y por una serie de huelgas generales políticas. El rey Alfonso XIII fue puesto contra la pared por su complicidad con la dictadura y abdicó en abril de 1931, tras el triunfo de los socialistas y republicanos en las elecciones municipales. Las masas querían romper con el pasado, eso significó derrocar a la familia real.

La Segunda República presionada por la revolución y la contrarrevolución

El 14 de abril se fundaba en España la Segunda República en base a una coalición de republicanos y socialistas. Asumían un gobierno que despertó muchas simpatías y expectativas positivas de las masas. Sin embargo, su proyecto político para gobernar el país no pretendía realizar tareas urgentes para sacar a la enorme mayoría de la población de la miseria y el atraso social y cultural. Las tareas históricas no resueltas constituyeron las siguientes: 1) la liberación de Marruecos (colonia africana), 2) la autodeterminación nacional de catalanes y vascos, 3) la separación de la Iglesia del Estado confiscando sus bienes, 4) la reforma agraria que entregara la tierra a los campesinos.

La Segunda República desde un principio tuvo que maniobrar frente a un movimiento obrero y popular que amenazaba con romper de manera revolucionaria con el pasado. Después del 14 de abril estallaron las revueltas proletarias. Los obreros quemaron iglesias, atacaron edificios de la monarquía, y se enfrentaron en la calle con los partidarios de la restauración del rey en el trono. Exigían la prohibición de toda asociación monárquica y el arresto de sus miembros. El gobierno republicano condenó los hechos, llamó a la calma y a retornar al trabajo. Este gobierno de conciliación se veía presionado desde la izquierda por los obreros y presionado desde la derecha por sectores que se resistían a las transformaciones que se veían inminentes.

En agosto de 1933 un sector del Ejército dirigido por el general Sanjurjo se sublevó y buscó restaurar el régimen monárquico. El movimiento golpista fue sofocado en el acto. El 11 de enero de 1933 en Casas Viejas, en un poblado de Andalucía estalló una revuelta campesina decidida a imponer el “comunismo libertario”. Tras 2 años de esperar una reforma agraria los campesinos pobres de la localidad tomaron el armamento y casas de sus patrones, dando aviso a la Guardia Civil (policía) que de ahora en adelante la localidad quedaba bajo el control de los campesinos. Quemaron títulos de propiedad, tomaron tierras y las dividieron para terminar por la vía de la acción directa con la antigua relación social entorno a la tierra, donde un reducido grupo de terratenientes usufructuaba del producto generado por campesinos sin tierra. La Guardia Civil, con la orden del gobierno de no tomar prisioneros, ingresó a los campos a sofocar mediante la represión las revueltas campesinas de Casas Viejas, y otros pueblos como los de Castelblanco y Arnedo. Cientos de campesinos fueron fusilados sin juicio. El gobierno republicano  mostraba con hechos su carácter reaccionario. Esto causó el descrédito de los socialistas que por años habían hablado a favor de los pobres. En noviembre de 1933 en elecciones parlamentarias la Confederación de Derechas Autónomas de España (CEDA) consiguió la mayoría de los votos, un grupo que simpatizaba con el fascismo italiano había logrado aprovechar los continuos tambaleos del gobierno para unir a todos los sectores conservadores y reaccionarios. El gobierno ya había disparado contra los campesinos y miraba atónito el triunfo de la derecha en las elecciones.

La Comuna de Asturias y las lecciones del primer gobierno de coalición

El movimiento obrero comenzó un proceso acelerado de organización sindical, principalmente en la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) dirigida por anarquistas y en la Unión General de Trabajadores de España (UGT) socialista. Obreros anarquistas y socialistas hicieron emerger entre 1931 y 1933 las “alianzas obreras”, verdaderos comités de unidad de sindicatos para la lucha común. Esto permitió a los trabajadores responder unidos a la amenaza que significaba el avance de la derecha y coordinar cada uno de sus pasos. En septiembre de 1934 entran al gobierno republicano 3 ministros de la CEDA, el primer gobierno de coalición comenzaba su crisis, mostrando su carácter reaccionario.

En octubre la CNT y la UGT llamaron a la huelga general en todo el país. En la cuenca minera de Asturias, al norte de España, los trabajadores mineros respondieron al llamado tomando cuarteles.  Se dio inicio a una insurrección local triunfante que se valió de la dinamita como principal arma. El mismo día declaran la creación de la Comuna Obrera y Campesina de Asturias, tomaron la fábrica de cañones, formaron una guardia roja, repartieron la tierra para los campesinos, expropiaron las empresas mineras y metalúrgicas, y constituyeron tribunales revolucionarios donde juzgaron a autoridades y explotadores. Durante 15 días resistieron a la Legión Extranjera y sus tropas africanas enviadas por el gobierno republicano. El general Francisco Franco, futuro dirigente de la contrarrevolución en 1936, comandó las operaciones para reducir la insurrección. Las fuerzas del Ejército lanzaron el llamado a la rendición:

“rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única manera de salvar vuestras vidas (…) España entera, con todas sus fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastaros sin piedad, como justo castigo vuestra criminal locura (…) Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son nada más que un triste aviso del que recibireís implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la rebeldía y entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni perdón. ¡Rendíos al gobierno de España! ¡Viva la República!”^[2]

Los obreros no se rindieron. 2.000 de ellos fueron masacrados casi después de haberse rendido antes de la noche. Al calor de la huelga general, los republicanos habían enviado a la cárcel a dirigentes socialistas, incluyendo ministros. En su reemplazo, reforzaron la alianza con la CEDA, al grito de “Viva España, Viva la República”. El intento de resolver las tareas planteadas en España a través de una alianza entre partidos obreros como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y partidos burgueses como el Partido Republicano había fracasado de la peor manera. El gobierno radical-cedista encarceló a más de 30.000 sindicalistas, dirigentes obreros y políticos de izquierda. Al pasar un año esa cifra prácticamente se había duplicado. La derrota de la valiente Asturias abrió un periodo reaccionario de dos años denominado “bienio negro”. En este periodo se constituyó “La Falange”, organización  de abierta orientación fascista. La experiencia de Asturias anunció las energías del proletariado español y pronosticó futuros choques entre las clases.

La situación de crisis social y política en España se mantuvo y se potenció por las convulsiones en el escenario europeo y mundial. En Italia Mussolini afianzaba su poder, y en Alemania Hitler había destruido las organizaciones obreras más fuertes y casi sin resistencia de parte del Partido Comunista Alemán. En la URSS se asentaba el régimen estalinista con purgas y persecuciones en nombre del “socialismo en un solo país”.

Después de 4 años de gobierno burgués, la dinámica de las relaciones entre las clases sociales en España había confirmado una dinámica permanentista. Con ello queremos hacer referencia a la teoría de la revolución permanente formulada por Trotsky.

La experiencia de las revoluciones rusas de 1905 y 1917 hicieron que Trotsky desprendiera importantes conclusiones sobre la mecánica de los procesos revolucionarios. Las premisas fundamentales de la revolución según la revolución permanente dicen relación con: 1) Considerar que la burguesía en la época imperialista del capitalismo ya no posee un carácter revolucionario por tanto es incapaz de llevar adelante la “revolución democrática” (resolución de tareas pendientes como la reforma agraria), 2) la burguesía en países coloniales se encuentra en una posición conservadora, del lado de los regímenes locales y el imperialismo como resultado de su débil participación en la economía. Por lo tanto, atentará una y otra vez contra las conquistas de obreros y campesinos.

Si la burguesía es incapaz de llevar adelante las políticas necesarias para revertir la opresión, es el proletariado quien tiene en sus manos la posibilidad de resolver los problemas democráticos al constituir su gobierno (dictadura proletaria), un gobierno que tendrá que acaudillar a las amplias masas del pueblo en el campo y la ciudad.^[3]

Esta perspectiva estratégica fue adoptada por Lenin en abril de 1917 cuando los bolcheviques cambiaron la consigna de “gobierno obrero y campesino” por la de “todo el poder a los soviets”. Según Lenin la única forma de acabar con la guerra, dar el pan al pueblo y la tierra al campesino, era la toma del poder por los soviets obreros y campesinos. Los soviets se constituyeron en el embrión de un nuevo Estado: la República Obrera que expropiaría a la burguesía.^[4]

Para el marxismo revolucionario la dirección del proletariado deben ser revolucionarios de la clase trabajadora armados con una estrategia capaz de llevar al conjunto de los trabajadores al poder, en el camino a una sociedad sin clases sociales. Los revolucionarios, tal como lo hicieron los bolcheviques, deben buscar constituirse como un partido inserto entre los trabajadores y en abierta discusión y disputa con las corrientes políticas que quieren llevar los esfuerzos de los trabajadores a la conciliación con sus explotadores. El camino de la conciliación de clases fue el que siguieron los socialistas en 1931 al integrarse al gobierno republicano. Esta estrategia de conciliación fue reeditada por socialistas, comunistas y centristas en 1936. Como la burguesía es incapaz de desarrollar su propia revolución (desarrollo industrial, libertades democráticas, progreso en el campo, separación de la Iglesia del Estado, autonomía de territorios coloniales) la situación de dominación de clase produce una lucha de clases que con el tiempo se hace menos soportable. A menos que el movimiento de trabajadores sea completamente derrotado, los desvíos o contenciones (como lo fue el gobierno republicano) retrasan la “batalla decisiva” por el poder abriendo la posibilidad de que la experiencia de los trabajadores permita que de ellos surja una vanguardia que se proponga ir hasta el final con sus reivindicaciones.

El ascenso revolucionario en Europa y la cuestión de la dirección revolucionaria y los ritmos de la revolución española

En 1934 en Francia había acontecido una importante huelga general caracterizada por una oleada de ocupación de fábricas. El movimiento obrero belga se sumó también a este ascenso de los trabajadores. Según los revolucionarios trotskistas de la época se estaban dando de forma vertiginosa las 3 premisas fundamentales de la revolución proletaria: la voluntad de lucha del proletariado, la insatisfacción de la pequeña burguesía y la confusión del capital financiero.

Los movimientos huelguísticos en Francia y Bélgica atizaron profundos fenómenos de lucha de clases en estos países. De esta forma terminaba el aislamiento de la revolución española iniciada en 1931.^[5] Tras un periodo prolongado de inmovilidad, las consignas parciales, sindicales, levantadas por las huelgas generales, fueron el medio necesario para despertar la conciencia política de las masas y conducirlas unificadamente contra la burguesía y su estado. Según Trotsky el único camino para dirigir este proceso hacia la revolución implicaba “unir las reivindicaciones sindicales y parciales con las tareas generales, todavía no formuladas con claridad, de la clase en su conjunto. En esta unión radica la fuerza de la huelga general, la garantía de unidad de la vanguardia con las amplias masas de la clase”^[6].

Esta política estratégica impulsada por los bolcheviques-leninistas (nombre con el que se identificaban los miembros de la Cuarta Internacional) en Francia hizo que de un puñado de militantes obreros pasaran a ser un grupo dinámico e influyente en la política nacional. En la prensa fueron flanco de toda la indignación burguesa. Las huelgas habían estallado contra los deseos de los sindicatos y partidos obreros en España y Francia. Se iniciaba así una segunda oportunidad para la revolución obrera en Europa. La primera oportunidad apareció luego de la toma del poder por parte de los soviets en Rusia y había terminado con la derrota de la revolución alemana en 1923. Tras varios años de silencio, los obreros y pobres de Europa comenzaban a rugir y en el camino cuestionaban todo el orden de pos-guerra, que no hacía más que evidenciar las ansias de guerra que tenían las potencias imperialistas.

Lo que ocurría en la situación política de aquellos años hacía que las premisas fundamentales de la revolución permanente se activaran y estuvieran a la orden del día:

“Al contrario de lo que afirman los dirigentes de la Segunda y Tercera internacionales, el capitalismo contemporáneo ya no puede garantizar trabajo para todos los obreros ni elevar su nivel de vida. El capital financiero descarga el costo de la reforma social sobre los hombros de los obreros y de la pequeña burguesía mediante el alza de los precios, la inflación abierta o encubierta, los impuestos, etcétera. La esencia de la “estatización” actual –la interferencia estatal, tanto en los países “democráticos” como en los fascistas- es salvar el capitalismo putrefacto al precio de rebajar el nivel de vida y cultura del pueblo. No puede haber otros métodos basados en la propiedad privada. Los programas de los frentes populares de Francia y España y de la coalición belga son un espejismo y un engaño deliberado, que prepara una nueva ilusión para las masas trabajadoras”^[7]

El poder no estaba aún en disputa entre explotadores y explotados, pero las consecuencias de la crisis económica ponían en el centro de la situación política de muchos países la incapacidad de los gobiernos burgueses para solucionar las demandas urgentes. Los bolcheviques-leninistas seguidores de Trotsky ponían énfasis en hacer trabajo en toda organización sindical en donde se estuviera organizando el proletariado en defensa de sus intereses y agitando un programa que uniera las demandas cotidianas de las masas con objetivos tendientes a la expropiación de la burguesía.

La vieja tesis de los ultra-izquierdistas paralelistas, de que los sindicatos tradicionales no sirven debido a la traición de sus dirigentes y que era necesario reemplazarlos por sindicatos “rojos” alternativos, se vio en la total bancarrota cuando los obreros se organizaron al alero de los sindicatos tradicionales. La premisa de la unidad sindical y la democracia de base empalmaban con la tendencia de la clase obrera por organizarse a través de la construcción de tendencias en las organizaciones de masas de la clase trabajadora: los sindicatos.

La  actualización de la dinámica permanentista en Europa, pero especialmente en España, planteaba otro problema. La revolución rusa de 1917 había demostrado que el rol de la dirección del movimiento revolucionario es un asunto clave para explicar el triunfo o la derrota de éste. La vanguardia obrera de Petrogrado sólo logró extender su acometido una vez que los bolcheviques quedaron a la cabeza del movimiento y cuando mencheviques y socialrevolucionarios (populistas) se habían quedado aislados en sus ministerios administrando un gobierno provisional burgués que prolongaba la guerra y el hambre dentro de Rusia. Sin embargo, en este ascenso revolucionario, el bolchevismo estuvo ausente de la dirección revolucionaria de las masas. Por el contrario, la reacción estalinista en 1934 ya tenía el control de las secciones comunistas y del partido ruso. Los revolucionarios de la tradición bolchevique comenzaron a coordinarse y crear ligas y partidos medios en algunos países de Europa y América que luego pasaron a ser la Cuarta Internacional, pero llegaban a la palestra profundamente debilitados:

“La revolución española ya lleva cinco años de ascensos y reflujos. En este periodo, los obreros y los campesinos pobre de España han desplegado instintos políticos tan magníficos, han demostrado tanta energía, abnegación y heroísmo, que el poder estatal hubiera caído en sus manos hace mucho tiempo, si la dirección hubiera estado siquiera mínimamente a la altura de la situación política y de la capacidad de combate del proletariado. Los verdaderos salvadores del capitalismo español no eran ni son Zamora, Azaña, ni Gil Robles, eran y siguen siendo los dirigentes socialistas, comunistas y anarquistas (…) Lo propio puede decirse sobre Francia y Bélgica, si el partido de León Blum fuera realmente socialista, podría haberse basado en la huelga general de junio para derrocar a la burguesía casi sin guerra civil, con un mínimo de conmociones y sacrificios. Pero el partido de Blum es un partido burgués, el hermano menor de radicalismo putrefacto. Si el Partido “comunista” tuviera algo de comunista, en el primer día de la huelga hubiera corregido su error criminal, roto el bloque nefasto con los radicales, llamado a los obreros a crear Comités de fábrica y soviets y creado en el país un régimen de poder dual, el puente más corto y seguro hacia la dictadura del proletariado. Pero en realidad el aparato del Partido Comunista es simplemente una de las herramientas del imperialismo francés. La clave de la suerte de España, Francia y Bélgica es la cuestión de la dirección revolucionaria”^[8]

Los destinos de la revolución en España dependían de la forma en que el movimiento fuera dirigido. Y en España comunistas y anarquistas contribuyeron al boicot de la dinámica revolucionaria al proponer una vía errada para derrotar a la contrarrevolución. Los ritmos de la revolución en España parecían ser más prolongados. Las masas habían tenido su primera experiencia con un gobierno reformista burgués en 1931 el cual cayó presionado por la revolución y la contrarrevolución.

El intento de un segundo gobierno reformista en 1936 desató la lucha entre obreros y campesinos contra la reacción de las clases acomodadas. Los obreros en 1936 respondieron a la sublevación franquista con el control de Barcelona y otras localidades ensayando formas iníciales de auto-organización. Estos no lograron transformarse en la base de un nuevo poder estatal obrero que expropiara a la burguesía, la iglesia y los terratenientes, y con ello conseguir la simpatía de campesinos y capas medias.

De este modo, España tuvo su “febrero”^[9] en 1931 y su “octubre”^[10] en 1936. Debemos advertir que sin duda, la revolución rusa de 1917 fue un proceso mucho más acelerado (8 meses). El factor clave que aceleró el desenlace de la revolución rusa fue la situación de guerra  a la que se sometieron los soldados, los campesinos y los obreros. El ejército zarista sufrió un sinnúmero de deserciones que se pasaron al bando de los rebeldes obreros, por tanto, la audacia de quienes tomaron el poder en Petrogrado prosperó en un ambiente de desconfianza completa entre las clases y del Estado en sí. Los ritmos más lentos de la revolución en España, con intervalos más prolongados entre cada momento de la revolución dio mayores oportunidades para preparar políticamente la intervención de los revolucionarios en el momento indicado. Sin embargo, esto no ocurrió.

Frentes Populares y contrarrevolución en España

En 1935 la Internacional Comunista impuso su nueva política de los Frentes Populares en todo el mundo. Ésta política consistió en realizar alianzas entre comunistas y partidos políticos burgueses “democráticos” para “enfrentar al fascismo”. La burocracia estalinista necesitaba cubrirse de un lenguaje seudo marxista para mantener la estabilidad del orden europeo. Solo de esta manera lograría conseguir su propia estabilidad en el poder de la URSS como capa social burocrática.

Esta estrategia de colaboración de clases con la burguesía trajo el retorno del debate sobre el carácter de la revolución. El estalinismo no hizo otra cosa que retroceder a la teoría menchevique. Esta estrategia de la revolución afirma que la única posibilidad de llegar a la revolución proletaria es primero desarrollar una “etapa democrático burguesa”, mediante la cual los obreros deben apoyar a la burguesía liberal para llevarla al poder y obtener un profundo desarrollo capitalista industrial para que el proletariado esté en “mejores condiciones” de realizar su propia revolución.

El triunfo de esta alianza política reformista de clases estuvo determinado por la capacidad de los partidos comunistas del mundo de contener la acción social obrera y popular en los límites de la propiedad privada. Si los trabajadores ocupaban las industrias y los campesinos la tierra, los empresarios se “espantarían” y buscarían al fascismo. Por esto, era de vital importancia evitar que la acción colectiva de los obreros cuestionara la propiedad capitalista. El símbolo de la consolidación de esta estrategia de colaboración de clases la constituyó el discurso realizado ante miles de obreros, por el dirigente del PC francés Jacques Duclos, que sostuvo: “la bandera roja se reconcilia con la tricolor y la Internacional con la Marsellesa”.

En España, 1935 fue un año de militancia clandestina y de trabajo sindical en las sombras. La CNT anarquista y la UGT socialista convocaron a paros generales exigiendo la amnistía para los presos políticos.

En enero de 1936 se formó el Frente Popular en España, compuesto por el PSOE, PCE (Partido Comunista Español), IR (Izquierda Republicana), la Unión Republicana y el POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), entre otros^[11]. En base a un programa moderado (que proponía principalmente la amnistía para los presos políticos y ciertas libertades públicas) ganó las elecciones de las Cortes con un voto activo de los obreros.

Por su parte, la CNT no llamó a votar oficialmente por nadie, dejando correr votos de sus afiliados hacia la ilusión frentepopulista. Los obreros antes de la proclamación de los candidatos triunfantes ocuparon las cárceles y liberaron a sus presos. No esperó decretos ni ordenanzas para reincorporar a los despedidos en las faenas. Los campesinos se tomaron las tierras. El primer ministro Manuel Azaña, electo por el Frente Popular, anunció que aplicaría la ley y el orden. Su actitud llevo la adhesión de los terratenientes en la campaña contra la acción directa de obreros y campesinos. En mayo de 1936 la CNT declaró la huelga general y Manuel Azaña, convertido en presidente de la República, amenazó con decretar el sindicalismo como actividad ilegal. En julio de 1936 más de un millón de obreros se encontraban en huelga. La Iglesia, el grupo fascista Falange Nacional y generales como Francisco Franco se organizaron para revertir la situación. Diagnosticaron que “la presencia sagrada de España está en peligro”. El 17 de julio se inició el golpe militar en Marruecos comandado por el general Franco. Entre los días 18 y 19 España quedó dividida en dos partes. Se había iniciado la fase final de la revolución española. 

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[1]Amorós, Miquel, La Revolución traicionada. La verdadera historia de Balius y Los Amigos de Durruti, Virus Editorial, 2003; Bookchin, Murray, Los anarquistas españoles. Los años heroicos. 1868-1936, Numa ediciones, 2001; Guillamón, Agustín, Barricadas en Barcelona. La CNT de la victoria de Julio de 1936 a la necesaria derrota de Mayo de 1937, Ediciones Espartaco Internacional, 2007; Mintz, Frank, Autogestión y anarcosindicalismo en la España revolucionaria, Libros de Anarres, 2008; Munis, Grandizo, Jalones de derrota. Promesa de Victoria. Crítica y teoría de la revolución española (1930-1939), Muñoz Moya Editores, 2003 (1948 y 1977).

[2] Panfleto anónimo reaccionario lanzado en Mieres, Asturias.

[3] Trotsky, León. “¿Qué es la revolución permanente? (tesis fundamentales)”, en: Teoría de la Revolución Permanente, [en línea], http://www.marxists.org/espanol/trotsky/revperm/rp10.htm

[4] Lenin, V.I., “Las tareas del proletariado en la actual revolución (Tesis de abril)”, en: Obras Selectas, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2013

[5]Trotsky, León, El nuevo ascenso revolucionario y las tareas de la Cuarta Internacional, Julio de 1936, [en línea], en: <http://www.ceipleontrotsky.org/El-nuevo-ascenso-revolucionario-y-las-tareas-de-la-Cuarta-Internacional>

[6] Idem.

[7] Idem.

[8]Idem.

[9] “Febrero” hace referencia al febrero de 1917 en Rusia cuando el zar cae producto de la agitación social y gobierna en su remplazo un gobierno provisional compuesto por burgueses liberales (involucrados en la guerra) con mencheviques y social-revolucionarios.

[10] “Octubre” hace referencia al octubre de 1917 en Rusia cuando el soviet de Petrogrado toma el palacio de invierno y decreta el gobierno obrero contra la guerra, por el pan y por la tierra. En octubre las ilusiones depositadas en el gobierno provisional se desvanecen y los bolcheviques conquistan la simpatía de obreros y soldados cansados de años de guerra y crisis social.

[11] El POUM fue un partido creado por la oposición de izquierda española una vez que rompió con las concepciones estratégicas de Trotsky y la Cuarta Internacional. El POUM abandono la dinámica de la revolución permanente y llamó a votar por el Frente Popular.

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Bibliografía:

-Nin, Andrés, “El sindicalismo revolucionario y el anarcosindicalismo”, en: Revista “Comunismo” (1931-1934), Editorial Fontamara, 1978, pags. 422-435.

-Sánchez García-Saúco, J.A, La revolución de 1934 en Asturias, Editora Nacional, Madrid, 1974

-Trotsky, León, La Revolución Española, Ediciones Tierra del Fuego, sin fecha.

-Trotsky, León, El nuevo ascenso revolucionario y las tareas de la Cuarta Internacional, Julio de 1936, [en línea], en: <http://www.ceipleontrotsky.org/El-nuevo-ascenso-revolucionario-y-las-tareas-de-la-Cuarta-Internacional>

La reforma laboral de Bachelet. Un contraste con la promulgación de la primera legislación laboral en Chile en 1924

Vicente Mellado. Licenciado en Historia. Universidad de Chile

12-1-2015

A pesar del anuncio de titularidad sindical y fin del reemplazo en huelga, resulta innegable que la reforma laboral propuesta por el gobierno de la Nueva Mayoría (NM) contiene una serie de ambigüedades y limitaciones a la acción sindical. Es lo que se conoce como la “letra chica”. Veamos algunos casos.

Los aprendices y trabajadores de faenas podrán participar de un proceso de negociación colectiva, pero nada se señala de su posibilidad de sindicalizarse. El fin del reemplazo en huelga contempla el mantenimiento de “servicios mínimos” en la empresa y una serie de reglamentaciones abiertamente anti sindicales, como es el desafuero del dirigente sindical en caso de que los trabajadores hagan “uso de la violencia” durante la huelga. Así se define a la obstaculización del ingreso a la empresa de personal de la directiva o trabajadores que no se encuentren en huelga. El objetivo de esto es mantener limitada la huelga con nuevos mecanismos de contención. Podríamos seguir mencionando artículos que dejan aspectos poco claros o que reestructuran la limitación a la acción sindical. Pero no es el objeto de nuestro artículo.

El problema de fondo es que la nueva legislación laboral tiene por objetivo contener futuras luchas y rebeliones en el lugar de trabajo. Después de más de 25 años de reorganización neoliberal del trabajo, los trabajadores surgidos de este proceso histórico están comenzando a cuestionar la realidad del trabajo precario en Chile, base fundamental del éxito económico del país desde la década del 90.

La reforma laboral constituye el indicador de que el Estado y los empresarios se preparan para futuros choques con los trabajadores. ¿Están igualmente preparados los trabajadores para enfrentar los ataques patronales y del Estado?

Pareciera ser una exageración pero no lo es. La reforma laboral de Bachelet es preventiva. Tiene por objetivo adelantarse a procesos reales de la lucha de clases. Evitar posibles estallidos sociales al interior de las empresas es el objeto de la reforma. Al parecer, los gobiernos capitalistas conocen de la historia del movimiento obrero. Saben que cuando se acumulan pequeñas rebeliones aquí y allá, estas terminan dando un salto en calidad y se transforman en huelgas violentas de extensión nacional. ¿Y los trabajadores? ¿Conocen su historia para extraer las lecciones necesarias para prepararse ante futuros choques con los empresarios y el gobierno?

 ¿Cómo surgió la legislación laboral en Chile?

 La legislación laboral en Chile surgió como respuesta ante la lucha de los trabajadores por la mejora de sus condiciones de vida.

           A fines del siglo XIX Chile sufrió las transformaciones sociales propias del avance de una economía capitalista basada en el libre mercado. El Estado chileno no tenía una red institucional preparada para enfrentar las consecuencias sociales que resultaron del desarrollo del capitalismo moderno.

El hacinamiento urbano y la huelga constituyeron las señales de que Chile había cambiado. La proliferación de conventillos, cuartos redondos y una serie de viviendas urbanas sin disponer de ningún servicio básico (pavimentación, agua potable, electricidad) produjeron el aumento de la pobreza en las ciudades más importantes del país. El hacinamiento de personas en cuartos sin ventilación posibilitó la extensión de enfermedades, siendo los niños menores de un año las principales víctimas. Durante la década del 10 la ciudad de Santiago tuvo la mayor tasa de mortalidad infantil a nivel nacional, marcando una cifra record en 1912, con una tasa de 48,8%[1].

El malestar en los lugares de trabajo constituyó el gran indicador de que la sociedad chilena había cambiado y estaba transitando a la modernidad. Entre 1890 y 1925 los trabajadores de Chile no tenían ninguna protección laboral como la conocemos en la actualidad. Había una absoluta ausencia de: contrato de trabajo, estipulación de la jornada laboral, indemnización por años de servicio, cobertura de salud por accidente laboral, días de descanso, derecho a descansar en el lugar de trabajo, pensión de vejez e invalidez, derecho a negociar colectivamente y el derecho a constituir sindicatos. De esto se desprende que el derecho de huelga fue completamente inexistente. Muchas veces considerado contrario a la ley. ¿Qué ocurrió?

Los trabajadores comenzaron a luchar por todos estos derechos. La conquista del derecho de asociación en sindicatos y de huelga se obtuvo con la lucha y sangre de los trabajadores.

Los trabajadores de Chile que están entrando a la vida sindical y política deben comprender que las leyes laborales han sido el resultado contradictorio de la lucha frontal del trabajo contra el capital. Sin lucha organizada de los trabajadores, el Estado no ve la necesidad de legislar. El “Derecho del Trabajo” ha surgido del “hecho” de las luchas obreras.

 El ascenso de la lucha obrera y la necesidad de establecer un sistema moderno de relaciones laborales en Chile

La huelga de 1903 de Valparaíso constituyó un punto de inflexión en la historia de Chile. El 15 de abril los obreros portuarios de la Pacific Steam Navegation Company (PSNC) paralizaron en demanda de mejoras salariales, reducción de la jornada laboral de 12 a 10 horas y tiempo para la colación. El 20 de abril se unieron mil obreros de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSV) que integraron sus demandas en un pliego común con los de la PSNC. La cantidad de huelguistas ascendió a 4 mil. Las faenas del puerto estaban completamente paralizadas. Lancheros, jornaleros, estibadores y tripulantes de vapores removieron Valparaíso. De este modo, el comité de huelga elaboró un pliego de peticiones y exigieron la intervención de la autoridad marítima como mediador en el conflicto. El contraalmirante Arturo Fernández Vial, Director del Territorio Marítimo falló en favor de las demandas de los trabajadores. Por su parte, los empresarios rechazaron el pliego de peticiones. Ante semejante afrenta, la autoridad estatal renunció a su cargo y dejó a los obreros a su suerte. Los empresarios mantuvieron su intransigencia. De este modo, los trabajadores confiaron en su propia unidad y fuerza para lograr su objetivo. El gobierno de Chile no sabía qué hacer. El 7 de mayo los huelguistas exigieron a la Intendencia de Valparaíso que interviniera en el conflicto pero los empresarios se opusieron. El resultado de esto fue una revuelta como nunca se había vivido en el puerto. El 11 de mayo los obreros se tomaron las calles aledañas a los malecones y muelles. Apedrearon la sede de la CSV y El Mercurio de Valparaíso. La rebelión portuaria impactó a los habitantes de los cerros cercanos y estos se unieron a los obreros. El estado respondió lanzando a la marinería contra los “subversivos”. El resultado fueron 50 muertos y 200 heridos. Trabajadores en su casi totalidad. 1903 constituyó un punto de inflexión en la sociedad chilena. El estado comenzó a debatir sobre las huelgas y la creación de instituciones para superarlas. Había irrumpido la negociación colectiva en Chile.

En 1907 el gobierno creó la Oficina del Trabajo (OT), dependiente del Ministerio de Industrias y Obras Públicas[2]. Es decir, no había Ministerio del Trabajo con su propia burocracia profesionalizada para intervenir en los conflictos laborales. La OT tuvo como función registrar en archivos la situación de los trabajadores en Chile. El objetivo de la OT fue colosal, y no tenía más de un par de funcionarios para llevarlo a acabo. De esta manera pasaron los años.

En 1905 se produjo la “huelga de la carne” en Santiago. Terminó en masacre. En 1906 los obreros ferroviarios paralizaron en Antofagasta y fueron masacrados en la Plaza Colón. En diciembre de 1907 se produjo la huelga general en Tarapacá. Terminó en la masacre más espantosa que hayan vivido los obreros de Chile hasta el golpe militar de 1973. Se conoció con el nombre de “matanza de la escuela Santa María de Iquique”. Salvo en la huelga de la carne, que exigió la rebaja del impuesto de importación del alimento para su consumo, todas las demás fueron por demandas salariales y de mejora de condiciones laborales.

Avanzaron los años, y luego de un periodo de calma, los trabajadores chilenos volvieron a la ofensiva. Esta vez, no había vuelta atrás. Para 1920 la mano de obra urbana se había duplicado en relación a 1907. El Estado de Chile se había rodeado de un entramado social nuevo caracterizado por una cultura gremial genuina y potencialmente “peligrosa” para el orden social. Esta es la época de las sociedades de resistencia, mancomunales, uniones sindicales, sociedades de socorros mutuos, filarmónicas de obreros, cooperativas, entre otros. El estado y los empresarios estaban rodeados.

A partir de diciembre de 1917, 40 fábricas de cuero y calzado de la ciudad de Santiago realizaron una huelga organizada por la Federación de Zapateros (FZA) que se extendió hasta abril de 1918. Participaron en ella 3 mil obreros[3]. Finalmente, la asociación patronal del calzado cedió ante las demandas de los trabajadores que exigieron: jornada de nueve horas, mejoras salariales, salario mínimo estandarizado, mejora en las condiciones de higiene en los talleres y reconocimiento de representantes sindicales ante la parte patronal. Este acuerdo se estableció mediante un contrato colectivo firmado por alrededor de 40 empresas. No hubo intervención del Estado. Los trabajadores se impusieron por la fuerza de su organización que superó los límites que impone el lugar de trabajo. Los zapateros trascendieron el lugar de la empresa organizándose por rama productiva. Esta huelga constituyó un hito histórico al imponer la negociación colectiva por rama productiva, unificando a los trabajadores de las distintas empresas. Lo notable de esto es que no existía ese derecho consagrado por la ley. Pero a partir de ese momento la lucha de clases dio un giro histórico.

El bienio de 1918-1919 se conoció como el de “las marchas del hambre”. El pueblo obrero y pobre estaba en la miseria. Las multitudinarias marchas de trabajadores y conventilleros en las principales ciudades del país demandando la baja en los precios de los alimentos, dieron pie para el estallido huelguístico más grande que hubo en el país hasta ese momento. A las clásicas huelgas mineras, portuarias y ferroviarias que ya conocía el país, se unió el transporte urbano y la industria manufacturera. Huelgas en las cervecerías, textiles, sombrererías, tabacaleras, metalúrgicas y calzado. Todos impusieron pliegos de peticiones a los empresarios. Como el Estado no tenía los recursos para interceder en las huelgas, utilizaron a funcionarios de todo el aparato estatal para intervenir. Los intendentes provinciales actuaron como árbitros y ministros de fe en la firma de contratos colectivos entre patrones y trabajadores. En 1919 los obreros de la fábrica de cigarros “La Arturo Prat” y la fábrica de Sombreros Girardi, ambas de la ciudad de Santiago, firmaron convenios colectivos con los patrones, incluyendo la firma del Intendente Francisco Subercaseaux.

Hasta 1920, el Estado chileno había intentado responder con diversas leyes sociales para atenuar el descontento de los trabajadores. En 1906 dictó la ley de Habitaciones Obreras; en 1907 la ley de descanso dominical; en 1914 la ley de la silla; en 1916 la ley de accidentes de trabajo; en 1917 dictó un decreto de conciliación y arbitraje conocido como “El Decreto Yáñez”, y una ley de salas cunas. Sin embargo, estas leyes se caracterizaron por su ineficiencia y ambigüedad al momento de ser aplicadas. Además, no existían autoridades que fiscalizaran su cumplimiento.

Al iniciarse la década del 20 la negociación colectiva y la huelga ya se habían establecido en la historia de Chile. Las demandas al estado y los empresarios por el derecho de reconocer los sindicatos como interlocutores válidos ante las empresas se extendieron por todos los lugares de trabajo. Los mineros del cobre, del carbón y el salitre eran perseguidos por constituir sindicatos. De este modo, entre 1918 y 1927 de Arica a Magallanes, el país se vio atravesado por intensos conflictos laborales. Estaba claro que el régimen político chileno tenía que cambiar desde arriba, o de lo contrario lo cambiarían los trabajadores desde abajo.

 Las leyes laborales de 1924 y el Código del Trabajo de 1931

          La crisis económica, la polarización social y política y la crisis del Estado oligárquico obligaron a la clase gobernante a implementar un entramado de leyes cuyo objetivo fue apaciguar la protesta laboral. La legislación laboral aprobada en septiembre de 1924 por presión militar, cumplió el objetivo de encauzar el ascenso obrero y popular en las redes de una nueva institucionalidad legal. Las leyes aprobadas reconocieron los siguientes derechos: contrato de trabajo individual; sindicalización; contrato colectivo por empresa o entre varias empresas; jornada laboral diaria de ocho horas, entre otras demandas.

            Si bien las leyes laborales de 1924 respondieron parcialmente a las demandas más sentidas de los trabajadores que durante décadas habían luchado con su vida, no es menos cierto que la nueva legislación tuvo como función contener y desviar el proceso de ascenso de lucha de clases que vivió Chile durante la década del 20. La revolución proletaria era una amenaza real para el orden capitalista. Había ocurrido en Rusia y se intentó llevar a cabo en el resto de Europa. Chile no quedó al margen de estos sucesos.

Como respuesta a la intensidad de las rebeliones obreras en el mundo, en 1919 se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo cuya función fue contribuir a la armonización del conflicto entre el capital y el trabajo a nivel mundial. Su primer convenio lo constituyó la jornada laboral de ocho horas diarias (entre otras demandas), y exigió a los gobiernos que lo suscribieran. Chile adhirió a los primeros convenios establecidos por la OIT en 1925.

            Las nuevas leyes del trabajo se entroncaron con la tendencia internacional de los gobiernos capitalistas de buscar establecer un sistema moderno de relaciones laborales que lograra institucionalizar las relaciones de poder entre trabajadores, empresarios y el Estado. Esto significó el reconocimiento del sindicato, la huelga y la negociación colectiva. Pero de esto se desprenden dos lecciones centrales.

            Primero, los trabajadores obtuvieron el reconocimiento de sus derechos históricos gracias a la coordinación de sus organizaciones de base en la consecución de sus objetivos. Fueron los trabajadores los que lucharon, no los gobiernos. Estos en un principio se opusieron a reconocer esos derechos y actuaron como directos aliados de los empresarios. Las leyes laborales de 1924 fueron la última oportunidad que tuvieron los gobernantes para frenar el avance de la clase trabajadora chilena. De lo contrario, la transformación de ese avance en una revolución parecía ser más que probable.

Segundo, la nueva legislación laboral tuvo por objeto separar a los sindicatos de la acción política y limitar su acción social en los márgenes del lugar de trabajo. El Estado reconoció derechos pero impuso obligaciones: los sindicatos deben dedicarse exclusivamente a discutir acerca de la mejora de sus condiciones de trabajo, y no de apoyar campañas políticas del asunto que fuera o proponerse proyectos políticos de transformación social. A esto debe agregarse que existieron una serie de limitaciones a la negociación colectiva por rama y al ejercicio de huelga que se agregaron durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931).

            Años más tarde, las leyes laborales de 1924 integraron reglamentos y se refundieron en el Código del Trabajo de 1931. Esta legislación laboral rigió la relación capital/trabajo hasta 1973.

¿Qué lección debemos extraer los trabajadores de la legislación laboral de los años 20?

            Aunque la legislación laboral del periodo 1931-1973 posibilitó un mayor fortalecimiento de los sindicatos legalmente constituidos en su capacidad de incidir en la realidad nacional, eso no quita el hecho de que fue insuficiente.

            Al igual que hoy, con la actual reforma laboral, la mayoría de los trabajadores quedó por fuera del derecho de formar sindicatos, desarrollar la negociación colectiva y la huelga. Lo señalado por José Luis Ugarte y Sergio Gamonal referente a que la reforma laboral deja afuera al 60% de los trabajadores del país es cierto[4]. Pero les faltó agregar lo siguiente: ¿Qué hacer?

            La legislación laboral de los años 20 fue aprovechada por los trabajadores de las medianas y grandes empresas para fortalecer su acción sindical por fuera de la ley. Allí reside la gran contradicción del derecho del trabajo: institucionaliza acciones sociales para luego ser desbordado por las mismas.

            Los trabajadores de las empresas más grandes (más de 200 empleados) han cumplido el rol fundamental de convocar a los desorganizados y a los que la ley no les permite organizarse. Allí reside la dialéctica del desarrollo del sindicalismo en Chile. Por esto, los trabajadores sindicalizados de empresas de mayor tamaño deben luchar por la extensión de la sindicalización a los trabajadores de las pequeñas y micro empresas. Pero es una tarea que deben impulsar los trabajadores en base a sus propios organismos, no el gobierno.

            La reforma laboral se discutirá en el Parlamento de los empresarios. Resulte lo que resulte del debate parlamentario, la mayor lección que deben extraer los trabajadores es que si están legislando en favor de ellos es como respuesta a su acción desplegada desde hace dos años —y desde el bienio 2006-2007 si incluimos a los contratistas del cobre y forestales— en Correos de Chile, en los puertos del país, en las empresas de basura que prestan servicios a las municipalidades, en supermercados Líder, en la minería del cobre, en metalúrgicas, call center, y tantas otras empresas cuyos trabajadores han realizado huelgas por conquistar derechos que los empresarios les han arrancado.

Si el gobierno respondió con reforma laboral es porque quiere prevenir el posible ascenso de nuevas luchas obreras y la proliferación de sindicatos clasistas y combativos que se propongan refundar la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) o el Colegio de Profesores (CdP) bajo nuevos principios. Principios que deben ser completamente opuestos a los existentes de colaboración con los empresarios y el Estado.

Recordemos que la CUT y el CdP son dirigidos por una burocracia sindical corrupta y de colaboración directa con los empresarios y el gobierno. La NM quiere salvar a esta dirigencia sindical de una posible rebelión de las bases, como ya le ocurrió a Jaime Gajardo en el CdP.

Los trabajadores deben utilizar cualquier elemento progresivo de la nueva legislación laboral para fortalecer sus propias organizaciones ya existentes y para impulsar la creación de nuevos sindicatos donde no existen. Para avanzar en la unidad sindical, por sindicatos sin dirigentes burocráticos que toman decisiones a espaldas de sus bases. Esa es la tendencia que deben seguir tejiendo y construyendo los trabajadores de Chile. Sin ninguna confianza en el gobierno y los empresarios. Aprendamos de lo que ocurrió en Chile a principios del siglo XX. Los trabajadores deben confiar en sus propias filas, no en el Estado, aunque este interceda a favor de estos.

Que la legislación laboral no constituya un freno. Por el contrario, que sirva para continuar organizándose y fortaleciendo la unidad sindical. Queda todo un mundo que conquistar para los trabajadores.

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[1] Pinto, Julio y Salazar, Gabriel. Historia Contemporánea de Chile. Tomo V. Lom ediciones, 2002, p. 89. La tasa de mortalidad infantil consiste en el número de fallecidos menores de un año por cada 100 nacidos vivos.

[2] Al respecto ver: Yáñez, Juan Carlos, La Intervención Social en Chile. 1907-1932, Ril editores, 2008.

[3] Al respecto ver: DeShazo, Peter, Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile: 1902-1927, Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, 2007, pp. 216-220.

[4] http://www.elmostrador.cl/opinion/2015/01/11/la-gran-reformita-laboral/.

El partido Comunista y la Nueva Mayoría

El Partido Comunista y la Nueva Mayoría.

Vicente Mellado. Licenciado en Historia. Universidad de Chile

10-12-2014

            El Partido Comunista (PC) logró ser gobierno tres veces en la historia de Chile. En una ocasión actuó como puente entre el gobierno y las masas explotadas y oprimidas (gobierno de Gabriel González Videla). En otro momento se constituyó en la columna vertebral del proyecto político del gobierno (Unidad Popular). Hoy en día es nuevamente parte de un gobierno, la Nueva Mayoría (NM).

La integración del PC una vez más a la administración política del Estado capitalista le ha traído una serie de contradicciones. Por tercera vez, aunque en una situación histórica completamente diferente, el PC se encuentra nuevamente bajo el dilema de cómo ser la bisagra entre el Estado y el movimiento de masas. Cómo dirigir en las calles sin contrariar los intereses del gobierno de la NM. Esto constituye un enorme problema estratégico.

La NM es una coalición política que surgió como respuesta de los empresarios ante el nuevo ciclo de lucha de clases en Chile abierto por el movimiento estudiantil el 2011. Si bien constituyó una respuesta defensiva ante la emergencia de los movimientos sociales, logró pasar a la ofensiva gracias a la incorporación del PC como partido de contención de la lucha de clases.

De este modo, la NM se configuró como un gobierno reformista burgués senil. Esto es un gobierno cuya función es llevar adelante reformas, pero conservando lo esencial de la herencia de la dictadura militar de Pinochet. Para mantener con vida este régimen político podrido de la dictadura, la NM ha impulsado y tiene pendientes una serie de reformas: la tributaria y la educacional, laboral y de nueva Constitución. Todas estas reformas social liberales tienen por objetivo moderar el régimen neoliberal chileno. Esa es la dialéctica de las reformas. Cambiar todo para que nada cambie.

Para lograr su cometido, la NM, compuesta por la Democracia Cristiana (DC), el Partido Socialista (PS), el Partido Radical Social Demócrata (PRSD) y el Partido Por la Democracia (PPD), integró a partidos burgueses y pequeño burgueses menores como el Movimiento Amplio Social (MAS) y la Izquierda Ciudadana (IC), y al único partido político que puede garantizarle el control del movimiento de masas: el PC.

Pareciera ser el colmo de todos los colmos. El PC pasó a integrar un gobierno responsable de la profundización del legado estratégico de la dictadura militar: el modelo capitalista neoliberal. Este sistema económico, político, social y cultural se instaló en Chile como respuesta contrarrevolucionaria al ascenso revolucionario ocurrido a principios de la década del 70. El neoliberalismo fue el resultado del golpe militar de 1973 al gobierno de la UP. Gobierno cuyo principal partido articulador lo constituyó el PC.

Los comunistas fueron perseguidos, asesinados, torturados y exiliados del país. Dos de sus comités centrales fueron aniquilados. Durante los años 80 organizaron la lucha contra la dictadura militar. En 1990 vino la democracia pactada entre los partidos de la Concertación (DC, PS, PPD Y PRSD), la derecha chilena personificada por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), y la dictadura de Pinochet. Todos acordaron marginar a la izquierda de la competencia electoral. Fue todo un triunfo político de la burguesía chilena. Nacieron dos bloques políticos que disputaron todas las elecciones democráticas de cargos públicos, anulando el intento de cualquier alternativa de poder desde la izquierda.

El PC fue completamente marginado de la opción de ocupar altos cargos de la administración pública. Desde ese momento pasaron 20 años en donde los comunistas se mantuvieron al margen de cualquier posibilidad histórica de acceder al Estado. La paradoja es que se mantuvo 20 años apoyando por izquierda la coalición política que la marginó del poder: la Concertación. Y así pasaron los años. El PC tuvo la ventaja de mantenerse en una trinchera desde donde presionar a la Concertación. Esta fue la trinchera de los movimientos sociales y de la lucha de clases.

Clásica escena en cada elección presidencial. Ver al PC en primera vuelta vanagloriándose de sus escasas votaciones (entre el 3 y 4%) para luego declarar con firmeza el apoyo a la Concertación en segunda vuelta. Esto bajo el argumento de que era la única manera de evitar que triunfara la derecha. Después de iniciado el ciclo del nuevo gobierno concertacionista y de las promesas incumplidas, venía la rabia y la desazón de los comunistas que sacaban en cara a la Concertación, que gracias al voto del PC pudieron ser gobierno una vez más. Y así pasaron 20 años. Buscando sentar banderas en primera vuelta, afirmando su apoyo a la Concertación en segunda vuelta y luego la rabia por haberlos apoyado una vez más.

Hasta que irrumpió la lucha de clases en Chile el 2011. La Concertación se debilitó y desenmascaró toda la desligazón que tiene con los movimientos de masas. La única garantía de mantener el control parcial de los estudiantes, trabajadores y pobladores lo constituyó el PC. El colmo de los colmos. Y la triste y debilitada Concertación llamó a los comunistas a integrar gobierno, para evitar que ganara la derecha nuevamente, y prometió llevar adelante reformas sociales y económicas. El PC accedió y formó la NM.

Sin haber cumplido un año de participación en el gobierno, el PC se encuentra en una tremenda crisis política, con sus principales figuras públicas muy por lo bajo en las encuestas. Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores (CdP) y la “bancada estudiantil” de la mano de Carol Cariola y Camila Vallejo no pasan del 40% de aprobación. La única figura del gobierno de la NM que está por sobre el 80% de aprobación es Claudia Pascual, funcionaria de la Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM).

El PC y su crisis política

Ni siquiera se ha cumplido un año del gobierno de la NM y el PC se vio atravesado por las presiones desde las calles y al interior del Estado.

En junio de 2014, Bárbara Figueroa fue increpada en las redes sociales del internet por el acuerdo con el gobierno de fijar el sueldo mínimo en $ 225.000 este año, y un aumento progresivo hasta $250.000 en enero de 2016. Según la dirigente de la CUT este aumento constituyó “un paso hacia una remuneración ética que debe obtener una persona para vivir dignamente.”^[1] Inaceptable. ¿$225 mil pesos constituye una remuneración ética? ¡Cuando la canasta familiar actual tiene un valor de $380 mil pesos! Además, de aquí al 2016 no sabemos cuánto será la inflación y la desaceleración económica que sufrirá el país.

La decisión de Figueroa produjo una furiosa respuesta de sindicatos y dirigentes sociales. Lo más increíble de todo, es que Arturo Martínez, ex presidente de la CUT y militante del PS, afirmó que la CUT nunca debió haber firmado ese acuerdo con el gobierno^[2]. No solo eso, el ex dirigente concertacionista sostuvo que “la CUT ha estado con un discurso bastante oficialista (…) Somos contraparte, no gobierno. Si tenemos que salir a la calle saldremos.”^[3] ¿Arturo Martínez criticando a Figueroa por ser oficialista? Colmo de los colmos. El viejo burócrata sindical, gestor del neoliberalismo en las organizaciones sindicales chilenas se ubicó más a la izquierda que la presidente de la CUT en cuanto a la relación con el gobierno.

De este modo podemos afrimar que la crisis del PC se explica por el rol de agente de la NM que está cumpliendo al interior de los organismos sociales. La aplicación de la línea política de apoyo a las reformas de Bachelet al interior de los sindicatos, juntas de vecinos, agrupaciones poblacionales, organizaciones estudiantiles, por nombrar las más importantes, es lo que ha traído una enorme crisis al interior de sus propias filas.

La paradoja como siempre, es que el PC ha cumplido el rol de ser el mediador entre los gobiernos de turno y el movimiento de masas, sin ocupar ningún cargo importante al interior del Estado burgués. La llegada del PC al gobierno no significó en absoluto la ocupación de carteras ministeriales importantes. La única posición importante en el aparato político de la NM que logró ocupar fue un cargo de asesor en el Ministerio del Interior, que perdió en noviembre pasado. En la actualidad la única posición importante ocupada en el Poder Ejecutivo lo constituye el SERNAM, prontamente a convertirse en Ministerio. Peor aún, ocuparon cargos de mediana jerarquía o que corresponden a organismos cuya función es relacionar al Estado con la sociedad civil, bajo la completa vigilia de los partidos de la Concertación.

Camilo Ballesteros, el ex presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (FEUSACh) durante el 2011, apenas asumió como Director de la División de Organismos Sociales (DOS) se encontró rodeado de 30 asesores miembros del PS. Estos habían sido designados días antes que asumiera Ballesteros, lo que bloqueó cualquier posibilidad para que este designara a voluntad una cantidad similar de asesores. Los socialistas neoliberales pusieron bajo control al PC. Y este omitió cualquier crítica. Como siempre, se atuvo a la línea de apoyar a Bachelet. Eso significa apoyar a los social liberales. Y si los social liberales le bloquearon el paso, hay que mantener la sacro santa unidad de la NM para impulsar el programa…de reformas cosméticas.

En octubre, Eduardo Contreras, el único embajador comunista de la NM, afirmó en Uruguay que el golpe militar en Chile fue apoyado por la DC y que la ultraderecha y los empresarios estaban detrás de los casos de atentados con bombas. De manera inmediata la Confederación de la Producción y Comercio (CPC) y parlamentarios de derecha y la DC exigieron la renuncia del embajador comunista. Este fue presionado por Guillermo Teiller, presidente del PC, para que pidiera disculpa ante los empresarios del país ante semejante declaración. El embajador, que es abogado de Derechos Humanos, se retractó y respondió en público lo siguiente: “pido perdón especialmente a los empresarios y al partido demócrata cristiano. A los primeros porque he trabajado intensamente con los empresarios en el tiempo que ejercido como embajador (…) y a la democracia cristiana porque me consta su vocación democrática y porque forman parte de la misma coalición política que mi partido (…)”^[4]

Esto no es más que una humillación. O podríamos decir simplemente: un completo arrodillamiento sin principio ni moral alguna ante los empresarios y sus partidos. Eso es lo que sintetiza la acción del único embajador comunista de la NM, Eduardo Contreras. Un partido que dice representar los intereses de los trabajadores no puede pedir perdón a los empresarios que los explotan todos los días y que impusieron el actual régimen neoliberal a sangre y fuego en 1973. Hay que decir las cosas por su nombre: la DC si fue golpista, de eso no quepa la menor duda histórica. Pero hay más.

Juan Andrés Lagos, secretario general del PC, y asesor del Ministerio del Interior, renunció a dicho cargo en noviembre luego de haber emitido improperios al diputado de la UDI José Antonio Kast. Renunció después de haber pedido disculpas a la derecha por semejante afrenta. Lease bien. Uno podría pensar que por las descalificaciones dirigidas al diputado, el señor Lagos simplemente habira renunciado. Pero primero se disculpó…ante el partido más reaccionario y propatronal que existe en Chile.

Así ha actuado el PC, de perdón en perdón a los empresarios y sus partidos. ¿Se puede confiar en un partido que se preocupa más en pedir disculpas a los patrones que luchar por los derechos de los trabajadores en huelgas y movilizaciones? Simplemente no se puede. Pero hay más.

La rebelión de las bases del Colegio de Profesores y la emergencia de un fenómeno antiburocrático en el movimiento docente y obrero chileno.

La crisis actual del CdP llamada » la rebelión de las bases» que cuestiona las direcciones burocráticas del PC en el CdP.

            Mientras el PC pide perdón a los empresarios, Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores y militante del PC, solicitó a carabineros el desalojo de los profesores de la Araucanía que habían ocupado la sede del gremio docente en Santiago. Trata a los profesores movilizados como una minoría subversiva, que no representa el sentir de la institución. ¿Pedirá perdón al gobierno por la movilización? Es probable que sí.

             El meollo del asunto es que al PC se le “rebelaron las bases”. Una lástima para la Concertación que pensaba que con el PC en los sindicatos, tenía la “cosa tranquilita”. Se le rebelaron las bases el 2011 en las movilizaciones estudiantiles en la USACh cuando dirigía Ballesteros y en la Universidad de Chile perdieron la presidencia estudiantil con Camila Vallejo. Se le rebelaron ahora los profesores. ¿Vendrán rebeliones en la minería, en los forestales, en fábricas o en el sector público? El asunto es que esto sentó un precedente histórico para la burocracia sindical que dirige estos sectores. “Hay que escuchar a las bases”, es la frase que han repetido todos los burócratas sindicales pertenecientes a la NM. Y bien lo saben los dirigentes sindicales del PC en la industria y la minería que no quieren terminar como Figueroa y Gajardo.

            La paradoja es que la DC terció en el conflicto de los docentes municipales y declaró apoyar todas las demandas de los profesores movilizados. No solo eso. Acordó constituir una mesa negociadora con el ala disidente del Colegio de Profesores (Mario Aguilar y Darío Vásquez) para acelerar el término del conflicto. Por su parte, Jaime Gajardo mantiene una línea intransigente de que no realizará ninguna asamblea con las bases de los profesores, porque no son más que una minoría que quiere el desorden en la institución. Criticado Gajardo, aumentaron la cantidad de disparos a Bárbara Figueroa, que claramente se cuadró con el presidente del gremio docente dándole todo su apoyo. Ambos actúan como voceros del gobierno de los empresarios y no como representantes de los trabajadores.

              Se ha abierto una nueva crisis histórica en el PC. No han cumplido un año en el gobierno y han ocurrido todos estos terremotos en su interior como resultado de su actuación al interior de un gobierno que dicta leyes al servicio de los empresarios.

              Se abren nuevas perspectivas para el movimiento obrero y sindical chileno. Es la hora de nuevos dirigentes. Es la hora de que gobiernen las bases.

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[1] “Salario mínimo: Bárbara Figueroa refuta críticas al acuerdo  para llegar a $250 mil”, 2 de julio de 2014, www.lanacion.cl

[2]Arturo Martínez, ex presidente de la CUT: “No deberíamos haber firmado acuerdo por salario mínimo”, 7 de agosto de 2014, www.biobiochile.cl.

[3] Arturo Martínez y salario mínimo: «Si el gobierno ofrece menos de $ 230 mil no vamos a firmar un acuerdo», 14 de junio de 2014, www.latercera.cl.

[4] http://www.cnnchile.com/noticia/2014/10/18/eduardo-contreras-pido-perdon-a-los-empresarios-y-a-la-democracia-cristiana.

La reforma laboral de la Nueva mayoría y la clase trabajadora en el Chile neoliberal

Vicente Mellado, Licenciado en Historia, Universidad de Chile

17 de noviembre de 2014

Las grietas de la represa neoliberal

La reforma laboral constituye, junto a la reforma educacional y tributaria, uno de los pilares del programa del gobierno de Michelle Bachelet. La Nueva Mayoría se proyectó ante los trabajadores de Chile como la coalición política que finalmente llevaría adelante las reformas laborales que estos necesitan para su bienestar.

La titularidad sindical, la extensión de los beneficios de la negociación colectiva a todos los trabajadores de la empresa, la eliminación del derecho de exclusión a los trabajadores con contratos temporales de la negociación colectiva, el derecho a información sobre las circunstancias económicas de la empresa, y el fin del reemplazo en huelga, son demandas que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras centrales sindicales de menor tamaño han mantenido durante décadas.

Pero la dialéctica del desarrollo de las formaciones sociales capitalistas muestra una vez más, que si no hay movimientos telúricos de gran intensidad en las profundidades de la sociedad civil, el Estado capitalista no activa su aparato de reformas sociales. Es lo que ocurrió el año 2011. La irrupción en masa del movimiento estudiantil secundario y universitario produjo una grieta en la gran represa de hormigón neoliberal en Chile. Queremos ser cautos en esto. Es una grieta que está intentando ser tapada con yeso. Lamentablemente, el yeso no es un componente adecuado para contener la marea de descontento social que está ascendiendo en la sociedad chilena.

De este modo, las grietas de la represa neoliberal se han ido extendiendo. La grieta de la protesta laboral es una más que se suma a los movimientos telúricos de la sociedad chilena. No es cualquier grieta. Se abrió en uno de los bloques mejor construidos de la represa neoliberal. El bloque sólido de hormigón sostenido por el Código del Trabajo de la dictadura militar. Administrado durante veinte años por la sacrosanta Concertación de partidos de la Democracia (autoritaria) y cuatro años por la derecha pinochetista “renovada”.

 El Código del Trabajo del retorno a la democracia: el Código del Trabajo de la dictadura militar

            Debiese producir vergüenza. Pero el gran triunfo de la Concertación a partir de 1990 fue convencernos, nos gustara o no, de que esta era “la alegría” que teníamos que disfrutar. Porque no habría otra. La institucionalidad creada bajo la dictadura militar se ha mantenido intacta hasta la actualidad. El sistema binominal, la educación de mercado, de salud y vivienda, las administradoras de fondos de pensiones, el oscuro “cuarto poder” del Estado (Tribunal Constitucional), y el Código del Trabajo, por nombrar solamente algunas de las espectaculares creaciones del régimen militar, transformaron al Estado de Chile en un bloque de acero impermeable a cualquier demanda de la sociedad civil. Es la democracia de Washington, la democracia ideal. Es el Estado liberado de las exigencias de la sociedad civil.

            Según José Piñera, el Código del Trabajo fue creado en 1979 como respuesta al boicot económico declarado por la AFL-CIO[1] de Estados Unidos contra la internación de las exportaciones chilenas. El bloqueo comercial fue planeado en conjunto con la oposición sindical en Chile (el “Grupo de los 10”) que exigió a la dictadura el reconocimiento de las organizaciones sindicales. De este modo, se abrió la posibilidad histórica de redactar un proyecto de ley laboral que conciliara el reconocimiento de la organización sindical con las necesidades del crecimiento económico.

Sin embargo, la amenaza de boicot constituyó el subterfugio para consagrar legalmente el mayor ataque que hayan llevado adelante los empresarios contra los trabajadores de Chile en su historia. La nueva legislación laboral tenía por deber subordinar la negociación colectiva a las necesidades de la empresa privada.

             El creador del nuevo Código del Trabajo sostuvo que este debía “evitar los errores que desde el ámbito sindical contribuyeron a la muerte de la democracia el año 73 y poner término al peligroso juego de improvisaciones que se extendió entre el 73 y el 78”[2]. Al interior del gobierno militar, existía el consenso de que la legislación laboral que rigió en Chile desde los años 30 hasta 1973 constituyó uno de los principales factores  de derrumbe del sistema democrático chileno[3].

            El Código del Trabajo de 1931 fue el resultado contradictorio de los álgidos procesos de lucha de clases que vivió el país desde principios de siglo XX. Si bien tuvo como objetivo contener y desviar la lucha obrera, lo cierto es que posibilitó de manera contradictoria el fortalecimiento de un cierto número de organizaciones sindicales, con gran capacidad de presionar a los empresarios y al Estado en la satisfacción de sus demandas económicas. La sindicalización obligatoria, la negociación colectiva por rama productiva, y el control gremial de la oferta laboral, constituyeron algunos de los principales apoyos legales de la denominada —por la dictadura— “oligarquía sindical” o los “privilegiados de la sociedad chilena”.

Desde el punto de vista del liberalismo, que pone su foco en la exacerbación de las potencialidades del individuo, los sindicatos son sin lugar a duda una negación de esa potencialidad. Ni hablar de la intervención del Estado en las actividades económicas. De este modo, el nuevo Código del Trabajo tuvo por objeto limitar la acción sindical en función de posibilitar la más amplia libertad de desarrollo de la empresa privada en Chile. Con un sindicalismo debilitado por la dictadura, y con el posterior acuerdo con los partidos de la Concertación se institucionalizó la imposición del capital sobre el trabajo en Chile. ¿Cabe alguna duda al respecto?

La nueva legislación laboral fue cobijada por la Concertación. Si bien durante veinte años de Concertación e incluso durante el gobierno de Sebastián Piñera se realizaron modificaciones a algunos artículos, estos correspondieron principalmente a la esfera del derecho individual del trabajo. En cambio, en relación al derecho colectivo del trabajo, se han mantenido sin modificación alguna aspectos fundamentales que desde el punto de vista constitucional, determinan el equilibrio de clases en la actual sociedad chilena.

 La realidad del trabajo en la democracia chilena

La negociación colectiva por rama de la producción está prohibida por ley. Esta se limita al lugar de la empresa. La ley permite, a pesar de la existencia de uno o más sindicatos legalmente constituidos, la presencia de grupos negociadores que debilitan el poder de negociación de los sindicatos. La empresa puede contratar reemplazantes a partir del día 15 de iniciada la huelga (legal). Ni mencionar que la empresa, si cumple una serie de requisitos legales, puede reemplazar trabajadores desde el primer día de iniciada la huelga.

Ni qué decir de la “libertad sindical”. Los trabajadores son “libres” de formar todos los sindicatos que estimen convenientes según la ley, pero no pueden negociar libremente junto a trabajadores de otras empresas con los empresarios de un mismo rubro económico. No pueden negociar cuando el sindicato lo considere necesario. La ley limita los periodos de la negociación colectiva con la empresa a 2 años como mínimo y 4 años como máximo. Pensar que durante 4 años seguidos una empresa puede aumentar en un 100, 200 o 300% sus ganancias. Sin embargo, los salarios se mantienen congelados, o se reajustan según lo establecido por el convenio colectivo anterior cada 2, 3 o 4 años.

Los trabajadores son “libres” de elegir a sus representantes cada cierto periodo de tiempo a través del voto secreto. Pero no son libres de discutir en asambleas programas de las distintas listas que se postulan a los cargos del directorio sindical. No son libres de revocar a los dirigentes cuando estos han incurrido en un perjuicio de la organización  sindical. Eso es democracia directa. Eso es caos y “politicismo” para el liberalismo. En efecto, la realización de las votaciones con voto secreto y no a mano alzada, es lo que contribuyó a desactivar el debate político al interior de los sindicatos.

Resulta lógico que Don José Piñera, y los Chicago boys consideraron al Plan laboral como el milagro que posibilitó preparar el retorno a la democracia. Claro está. Retornamos a una democracia blindada de los empresarios. La actual legislación laboral transformó a los sindicatos en agentes funcionales a los aumentos de productividad de las empresas. Estas se adecuan a lo exigido por el mercado mundial. El mercado mundial es regulado por instituciones poderosas. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, por nombrar algunas, son los que determinan las metas a cumplir por la empresa chilena.

Gracias a la limitación de la acción sindical, se contuvo la inflación. El control de la inflación permitió enormes tasas de crecimiento…para los empresarios. Porque la brecha económica entre los sectores sociales de mayores ingresos y los de menores ingresos se amplió de manera significativa. Todo este milagro económico desde 1990 lo posibilitó el sacrosanto Código del Trabajo. ¿Para qué reformarlo?

La Nueva Mayoría y la reforma laboral

   Hace unos días Alberto Arenas (Ministro de Hacienda) y Javiera Blanco (Ministra del Trabajo) anunciaron que lo que se viene es una agenda laboral y no una “reforma”. Claro está. Los gremios patronales están muy asustados con la palabra “reforma”. Si se espantaron con la reforma educacional y tributaria, ¡imagínense con una reforma laboral! Andrés de Santa Cruz, Presidente de la Confederación de la Producción y Comercio (CPC), tiene absoluta razón (desde el punto de vista empresarial) que la titularidad sindical y el fin de reemplazo en la huelga «independientemente que puedan ser puntos discutibles, no son puntos que van en la dirección de lograr más y mejores empleos y mejores remuneraciones para los trabajadores”[4]. La voz del principal gremio patronal del país se hizo sentir en el gobierno.

Respecto a la reforma laboral, Ricardo Mewes, Presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) afirmó que la Ministra del Trabajo «de alguna manera ha recogido los planteamientos que le hemos hecho de no ponerle tanta velocidad y que si se hace una reforma laboral, es necesario que se incluyan todos los temas. En la medida que vaya acogiendo nuestras inquietudes, va a demostrar que tiene la disposición para conversar todas las alternativas que puedan darse en una reforma laboral«[5].

Así ocurrió a mediados de noviembre. Arenas y Blanco anunciaron que la titularidad sindical no implicará terminar con la medida unilateral que tienen los empresarios de extender los beneficios de la negociación colectiva a los no sindicalizados. Y la noticia más brutal es que el fin del reemplazo de trabajadores en huelga permitirá la sustitución de los huelguistas por trabajadores que realizan labores al interior de la empresa.

Lo increíble de todo esto es que el gobierno de Bachelet prometió reformas laborales que se ajustaran a lo establecido por los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos acuerdos, contienen dentro de sus disposiciones, la objeción a la existencia de grupos negociadores en una empresa cuando ya existe sindicato y, la huelga como un derecho fundamental del trabajador que tiene una finalidad de auto tutela.

Recordemos que el actual Código del Trabajo fue redactado en la dictadura militar sin considerar los convenios de la OIT. Después de veinticuatro años de democracia, la legislación laboral mantiene atomizada a la organización sindical y en una situación estructural de debilidad a la negociación colectiva. Si el gobierno de las “reformas” se “reformó” hacia la moderación, ¿Cuál es el futuro que depara a las organizaciones de  trabajadores?

Lo cierto es que las huelgas legales e ilegales han aumentado desde el 2011. Hay fenómenos subterráneos de transformación en la subjetividad de la clase trabajadora. La actual huelga de los profesores municipales se adhiere a la gran lista de huelgas “ilegales”, como los portuarios a principios del 2014, o a las huelgas “legales” como los basureros el 2013 que cuestionaron el actuar de la dirección sindical del gremio. Es que los trabajadores de Chile están realizando una gimnasia rítmica que no se daba hace décadas.

En las alturas, los gremios patronales, la dirección de la CUT y el gobierno debaten cómo llevar adelante una agenda laboral que mantenga intactos los pilares del régimen neoliberal en Chile. En las profundidades de la oculta y omitida realidad del lugar de trabajo se está urdiendo una nueva subjetividad de la clase trabajadora. ¿Se romperá el equilibrio de las clases en Chile? Eso lo determinará la lucha de clases que se desarrolle en el país.

 

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1 American Federation of Labor-Congress Industrial Organization. La principal organización sindical de Estados Unidos durante esos años.

2 Piñera, op. cit., p. 21.

3 Ibídem, p. 41.

4 Andrés Santa Cruz: «Quitarle participación al sector privado genera más incertidumbre», 10 de noviembre de 2014. En: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=124638.

5 Mewes, Ricardo, “La reforma laboral debe postergarse”, 13 de noviembre de 2014, en: http://www.estrategia.cl/detalle_noticia.php?cod=105700.

Taller Abierto ACR: 5ta sesión

El próximo Miércoles 12 de noviembre, seguirá el taller abierto de debate estratégico Revoluciones del siglo XX con su 5ta sesión, en el Pedagógico sala MED11 a las 17hrs, organizado por la Agrupación Combativa y Revolucionaria y el blog marxismoyrevolucion. En esta ocasión, trataremos los debates sobre el Mayo Francés y el Levantamiento Húngaro del ’56.

Acá la bilbiografía, NO TE LO PIERDAS!

Bibliografía

Hungría del ´56, Fryer, Broué, Nagy

http://www.pts.org.ar/IMG/pdf/Legales_e_introduccion.pdf

 

Hungría: La tragedia de 1956, Peter Fryer

https://www.archivoleontrotsky.org/download.php?mfn=014208

El segundo aliento, Daniel Bensaïd

http://danielbensaid.org/El-segundo-aliento?lang=fr

A propósito de XVII Jornadas de Historia Regional en la Universidad de Concepción.

Esta es una ponencia que fue leída en las XVII Jornadas de Historia Regional

en la Universidad de Concepción el 22 de octubre de 2014. 

Los trabajadores y la irrupción de la negociación colectiva.

El inicio de la transición del sindicalismo libre al sindicalismo legal en la provincia de Valparaíso (1921-1927)

Vicente Mellado. Licenciado en Historia. Universidad de Chile

Esta ponencia corresponde a una investigación en curso y tiene como objetivo relatar el proceso histórico de transición de las organizaciones sindicales libres de la provincia de Valparaíso a ser sindicatos cuya acción social y política pasó a ser regulada por el Estado. El interés de indagar dicha experiencia histórica en esta ciudad, reside en que la provincia de Valparaíso constituyó una de las zonas con mayor impulso a la sindicación legal, solamente superado por las provincias mineras del Norte Grande.  De este modo, el análisis se enmarca dentro de la última fase del periodo histórico del régimen político liberal oligárquico (1921-1927).

Esta última fase se caracterizó por una enorme crisis terminal del estado liberal oligárquico. Este se vio atravesado por la crisis económica de la posguerra, que implicó el cierre de gran cantidad de oficinas salitreras e industrias y el aumento del costo de los bienes mínimos de subsistencia. Esta crisis económica adquirió expresiones sociales, políticas, y culturales. La respuesta política ante esta crisis total del régimen provino de todos los sectores de la sociedad chilena: las emergentes capas medias, la oficialidad joven del Ejército, los gremios patronales, el campesinado y la clase obrera urbana.

Este último sujeto social jugó un rol clave en la agudización de la crisis final del régimen político. Después de las “marchas del hambre” del bienio 1918-1919, a partir de 1920, los trabajadores urbanos irrumpieron masivamente con huelgas exigiendo a las empresas el reconocimiento de sus pliegos de peticiones. Para lograr sus demandas, los gremios laborales utilizaron como recurso la exigencia de la intervención del Estado como garante de los procesos de negociación colectiva que afloraron durante la década del 20.

En Valparaíso los trabajadores que conformaron los sindicatos más estables fueron los fabriles, portuarios, tranviarios y ferroviarios. Las demandas obreras no se limitaron a los aumentos salariales y mejora de las condiciones laborales. Por el contrario, integraron demandas políticas al Estado por el reconocimiento legal de los sindicatos como interlocutores válidos al interior de las empresas. Dentro de estas se encuentran el derecho a la asociación de los trabajadores, el derecho efectivo a la huelga, la libertad de prensa, y la libertad de reunión sin permiso previo.

El 8 de septiembre de 1924 se promulgaron una serie de leyes laborales, las que entrarían en vigencia a partir del 29 de marzo de 1925. Una de ellas fue la ley 4.057 de sindicalización legal que reconoció el derecho de asociación y la negociación colectiva en el lugar de la empresa. De este modo, el proceso histórico de movilización y protesta de los sindicatos libres trajo como resultado, una lenta transformación en sindicatos legales, cuyas reivindicaciones y marcos de acción pasaron a ser determinados por el Estado.

En Valparaíso, la transición del sindicalismo libre al sindicalismo legal se caracterizó por un fuerte debate político al interior del movimiento obrero acerca del impacto que tendría en la autonomía de la organización sindical frente al Estado.

El 29 de septiembre de 1924 el General Luis Altamirano, a la sazón Ministro del Interior, y el Presidente de la República, Arturo Alessandri Palma, promulgaron la ley 4.053 sobre Contrato de Trabajo^[1]. Esta ley reconoció una serie de derechos a los trabajadores.

En primer lugar, se reconoció el derecho a negociar contratos colectivos con las empresas. La ley institucionalizó una práctica histórica que se había expandido con fuerza desde 1919 en el país.  El artículo 24 de la ley, señaló que el contrato colectivo “es la convención escrita, celebrada entre un patron (sic) o una asociación de patrones y una asociación profesional obrera, con el objeto de establecer ciertas condiciones comunes del trabajo y del salario, sea en una empresa o en un grupo de empresas o de industrias”^[2].

En segundo lugar, la ley reconoció la jornada laboral de ocho horas. Demanda histórica de la clase obrera mundial. El artículo 11 estableció que “La duración del trabajo ordinario efectivo de cada obrero, de uno u otro sexo, no podrá exceder de ocho horas por dia (sic) o de cuarenta y ocho horas por semana”^[3].La ley debía regir a partir del 29 de marzo de 1925.

Esto no es de menor importancia. La legislación laboral mencionada hasta el momento se adecuaba a los principios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).  En su conferencia fundacional de Washington en Estados Unidos, en octubre de 1919, el primer principio votado fue consagrar la jornada laboral diaria de ocho horas, así como también la jornada de trabajo semanal de cuarenta y ocho horas.

Junto a la Ley 4.053, se promulgó en la misma fecha, la ley 4.057 de sindicación legal, que otorgó reconocimiento jurídico a la asociación de trabajadores pertenecientes a las “empresa de minas, canteras, salitreras, fábricas, manufacturas o talleres”^[4] de a lo menos 25 operarios^[5]. Esta ley, al igual que la 4.053, debía regir a partir del 29 de marzo de 1925. Dentro de las disposiciones a favor de los trabajadores, les permitió participar de las utilidades líquidas de la empresa, correspondiente a “una suma anual equivalente al seis por ciento (6%) de los sueldos y de los salarios de los empleados y obreros sindicados, que se les hubieren pagado durante el año, siempre que esta participación pueda salir de las utilidades líquidas, y hasta concurrencia del diez por ciento (10%) de esas utilidades”^[6]. A su vez, el artículo 18 estipuló que la mitad de dicha suma se entregaría al sindicato, para que lo aplicara a los fines de mutualidad.

Ambas leyes, otorgaron ventajas estratégicas a los trabajadores. Primero, se consagró el derecho a la negociación colectiva no solo al interior de una empresa, sino que también entre dos y más lugares de trabajo. Segundo, los trabajadores pudieron negociar en mejores condiciones ante la parte patronal, y participar de beneficios de las ganancias de la empresa.

No obstante lo anterior, también trajo desventajas estratégicas. En primer lugar, la institucionalización de un sindicalismo radicado en la empresa, permitiría debilitar a las organizaciones sindicales que agrupaban en su seno a varias industrias y establecimientos comerciales de una rama productiva. Tal fue el caso de la Industrial Workers of the World (IWW) y la Federación Obrera de Chile (FOCh), que agruparon a trabajadores de diversas empresas en sindicatos por ramas de la producción.  Estos se encargaron de votar y tomar las decisiones en común para cada empresa individual perteneciente al rubro.

En segundo lugar, la acción sindical debía centrarse en la negociación colectiva, lo que implicaría desconocer cualquier tipo de demanda política al Estado. Los fines del sindicato se estipularon en el artículo 2 de la ley 4.057^[7], y el contrato colectivo, según la ley 4.053, solo reconoció condiciones comunes del trabajo y del salario. De este modo, se buscaba corporativizar las demandas de los sindicatos, desplazando la politización de los trabajadores, y sobre todo, las ideas revolucionarias.

Sin embargo, tanto la ley 4.053 como la ley 4.057 tuvieron vacíos y ambigüedades legales en lo que respecta al margen de acción social y político permitido a los obreros y empleados en los lugares de trabajo: la no contemplación de los pasos legales requeridos en la formación del sindicato, y la disposición legal que permitía la participación de los “sindicatos industriales” en las ganancias de la empresa. Esta última, gatilló la oposición de los gremios patronales en todo el país, principalmente en el Norte salitrero.^[8] Será recién bajo la dictadura ibañista, en noviembre de 1928, que se dictará el decreto que finalmente estableció el reglamento de la ley de sindicación, restringiendo la libertad de acción de los trabajadores^[9].

En 1931, varias de las disposiciones de dicho reglamento, con fuerte presencia de ideas corporativistas, se sintetizaron con los principios de raigambre liberal trayendo como resultado el primer Código del Trabajo de la república de Chile. Como sostuvo Jorge Rojas, el control político de los sindicatos se desarrolló con vigor durante la dictadura, teniendo como expresiones: la asistencia de funcionarios de policía a las reuniones de las asociaciones gremiales^[10]; la obligatoriedad de los sindicatos de comunicar a las autoridades sus cambios internos; la fiscalización de las autoridades de la utilización de los fondos sindicales, que no debían ser utilizados con “fines de resistencia”; la prohibición de que integraran los sindicatos elementos considerados “subversivos”; la restricción en la participación de los asociados en los beneficios de la empresa en caso de que el sindicato hubiese “ejercitado actividades subversivas”, por nombrar las más importantes^[11]. En síntesis, la aplicación real de las disposiciones que limitaban la acción sindical de los trabajadores, se llevó adelante durante el gobierno de Ibáñez. En cambio, entre 1924 y 1927, las leyes laborales se caracterizaron por una serie de resquicios legales, que, contradictoriamente, los trabajadores aprovecharon relativamente a su favor.

Así se dio inicio al proceso histórico de sindicación legal. La dialéctica del proceso se definió de la siguiente manera: mientras mayor era la exigencia del cumplimiento de las leyes sociales en función de fortalecer la asociación obrera y garantizar el desarrollo de la negociación colectiva en su favor, mayores eran las posibilidades que se abrían para que el Estado y los empresarios limitaran, atomizaran e intervinieran en los sindicatos. De este modo, en apariencia, se presentaron dos opciones políticas en los gremios laborales: la primera, aprovechar las leyes sociales en función de fortalecer la organización de los trabajadores; la segunda, en vista de que las leyes laborales buscaban certeramente coartar la acción sindical desde el Estado y los empresarios, proclamar su absoluto rechazo. Sin embargo, queríamos dejar planteada la siguiente pregunta: ¿existió una propuesta de proyecto laboral desde algunos sectores del movimiento obrero organizado? De ser así, se plantea la posibilidad histórica de una tercera opción política de parte del movimiento laboral.

Limitándonos a los 15 minutos de esta ponencia, mostraremos algunos fragmentos correspondientes a los debates políticos ocurridos al interior de algunos gremios laborales frente al dilema de la promulgación y aplicación de las nuevas leyes sociales.

La FOCh de Valparaíso se vio atravesada por un debate al interior de algunos consejos federales. El Consejo Industrial de la Alimentación de dicha ciudad ­—que se constituyó separado del consejo respectivo en Viña del Mar— declaró la oposición política a la aplicación de la legislación laboral, confluyendo así con sus congéneres anarco sindicalistas y los pertenecientes a la IWW.

El 26 de octubre de 1924, los obreros fideeros de Valparaíso pertenecientes a la FOCh, reunidos en un local del barrio industrial de Viña del Mar, acordaron “Elevar una moción a la Junta provincial pidiendo se envíe un delegado a la Junta Ejecutiva [en Santiago] para que dicha Junta pida la derogación del código del trabajo y otras leyes que vengan a ahorcar más a la clase trabajadora”^[12]. Firmó la declaración el Secretario General del Consejo Industrial de Alimentación local, Salvador Ficca.

El 3 de noviembre se realizó la sesión ordinaria de la Junta Ejecutiva Federal en Santiago, presidida por Elías Lafferte, Luis Víctor Cruz, Roberto Salinas y un federado de apellido González. A la asamblea asistió el delegado enviado por la Junta Provincial de Valparaíso, Salvador Ficca, quien expuso la posición de los organismos federales del puerto, que “verían con agrado que la Junta Ejecutiva luchara por la abolición total del Código del Trabajo”^[13]. Para llevar a cabo dicha tarea, se pidió la conformación de comisiones que realizaran conferencias en los locales obreros de Valparaíso el día sábado 8, y en algún teatro del puerto el domingo 9 de noviembre. La Junta Ejecutiva Federal resolvió nombrar una comisión de estudio del Código del Trabajo con el objetivo de presentar un informe en la próxima reunión. Uno de los integrantes de esta comisión, sería el ex diputado comunista Luis Víctor Cruz Steighmans.

La postura de Cruz frente a la legislación laboral fue de apoyo a su aplicación. Refiriéndose a los opositores a las leyes sociales señaló: “Es un absurdo la idea manifestada por compañeros y hasta por organismos centrales, de pedir su derogación o desentenderse de ellas, colocándonos o a (sic) su margen, lo que significaría incomprensión de nuestros puntos de vista revolucionarios”^[14].

Los fideeros de Valparaíso se constituyeron en uno de los tantos sectores de la FOCh dispersos en el país que mantuvieron su posición de rechazo a la aprobación de la legislación laboral^[15]. Los tranviarios apoyaron la postura de los fideeros. Sin embargo, Cruz mantuvo la posición ofensiva de realizar charlas por todo el país buscando convencer a los consejos federales de que las nuevas leyes sociales traerían más beneficios que calamidades a los trabajadores. El argumento de fondo del ex diputado comunista era saber combinar la lucha legal con la ilegal.

El 21 de enero de 1925 se realizó una asamblea del Consejo de Alimentación, con la invitación de delegados tranviarios y los movilizadores de Aduana^[16] que se oponían al Código del Trabajo. En esta instancia el delegado enviado a la sesión de la Junta Ejecutiva Federal dio el informe de lo discutido en relación a la nueva legislación laboral. Según la dirección de la FOCh en Santiago, los fideeros y aquellos que se oponían a las leyes laborales, estaban “discutiendo sobre bases falsas, pues el folleto que llevaba era un conjunto de leyes de carácter social y el verdadero Código era un libro que se llama: “Proyecto de Código del Trabajo” y que le entregaron ese proyecto de código para que nos orientásemos por medio de él”. La Junta Ejecutiva exigió de la comisión de estudio del Código, la pronta evacuación de un informe ya que había que zanjar una posición al respecto. Terminada la cuenta del delegado enviado a Santiago, el Consejo de Alimentación de Valparaíso declaró no estar de acuerdo con lo manifestado por la Junta Ejecutiva, ya que lo que se pondría en vigencia a partir del 29 de marzo eran decretos leyes, y no los proyectos de Código Laboral como ley de la República. Debido a esto, los fideeros exigieron “convocar a un Congreso Regional, enviando delegados a través del país en son de propaganda y discutir ampliamente en las asambleas esta cuestión [del Código del Trabajo] que afecta a la clase trabajadora como ninguna otra ley”^[17]. Se acordó mantener contacto permanente con los fideeros de Santiago. Firmó el acta, Salvador Ficca.

Los obreros fideeros intentaban ganar tiempo para convencer a los consejos federales de la necesidad de rechazar el Código del Trabajo. Su argumento se basaba en que las leyes que entrarían en vigencia a partir del 29 de marzo, al no ser leyes de la República, no contenían los reglamentos respectivos que posibilitaran su adecuada aplicación. La postura del Consejo de Alimentación permitió evidenciar los vacíos legales y ambigüedades de las leyes laborales, que según los trabajadores, posibilitarían todo tipo de abusos por parte de los patrones y el Estado.

Sin embargo, no encontramos registro de la realización del Congreso Regional. Al parecer, este no se efectuó. Por otra parte, meses más tarde, el máximo impulsor de esta iniciativa, Salvador Ficca, fue expulsado de la sección de fideeros de Valparaíso.

Por su parte, la VI Convención de la FOCh realizada en diciembre de 1925, entre sus resoluciones estableció que  “debe el proletariado aprovecharse de todas las fórmulas legales de la legislación social del Estado capitalista para luchar contra el capitalismo mismo”^[18]. De este modo la FOCh consagró su aceptación de las nuevas leyes sociales. ¿Cuál fue la posición de otros gremios laborales al respecto?

Durante abril de 1925 ––fecha en que entraron en vigencia las nuevas leyes laborales–– los obreros de las fábricas de Tejidos Casa Grace de Viña del Mar, exigieron a los patrones el cumplimiento de las disposiciones del Código del Trabajo para su bienestar, por cuya petición fueron despedidos y arrojados a la calle. Ante semejante embestida patronal, los consejos federales de Viña del Mar respondieron con una declaración solicitando la aplicación de la legislación laboral en las fábricas textiles afectadas, y  “acordaron que antes de iniciar la agitación en legítima defensa, apelar a V. E. en el sentido de que ordene el traslado a ésta de un funcionario del Ministerio del Trabajo, con atribuciones para que aclare las disposiciones de la ley ante patrones, obreros y autoridades en lo que respecta al pago de desahucio y pago de horas extraordinarias de trabajo”. Las asociaciones viñamarinas firmantes fueron: el secretario general del Sindicato Caupolicán y Lana, Miguel Aravena D.; el secretario general del Consejo Industrial de la Construcción, Rafael Saavedra; el secretario general del comité de fábrica de tejidos Gratry, Emilio Tapia; el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Viña del Mar, Pedro Santibáñez; el secretario general del Consejo de Oficios Varios, Manuel Leiva (PC); y el secretario general  del Consejo de Alimentación y dirigente de la Fábrica Compañía Refinería de Azúcar de Viña del Mar (CRAV), Enrique Parra^[19]. Aquí se hace necesario detenerse un momento, ya que la orientación sindical de los trabajadores azucareros exige especial consideración.

La historia de los obreros de la CRAV es, sin lugar a dudas, una de las experiencias más interesantes de organización y lucha de los trabajadores en la historia de Chile. Combativa durante las dos primeras décadas del siglo XX, a partir de la década del 30 se transformó en una empresa en la cual los obreros buscaron la colaboración directa con los patrones para resolver los conflictos laborales. La máxima expresión de colaboración con los dueños de la fábrica se dio durante la Unidad Popular (UP) en 1971, en la cual se opusieron al gobierno y a la estatización de la fábrica^[20].

La constitución del Sindicato Industrial de la CRAV constituye uno de los fenómenos de sindicación legal más importantes, previo a la dictadura de Ibáñez. Esto porque la CRAV fue una de las fábricas que mayor cantidad de mano de obra empleaba en el país (más de 600 obreros). Además, fue una de los motores del sindicalismo legal durante y después del gobierno ibañista, a través de la Junta Cooperadora de Sindicatos de Aconcagua^[21]. En la CRAV, a partir de 1927, se aplicó un modelo paternalista de relaciones industriales único en el país, que lo marcó hasta su triste y fatídico cierre en 1981^[22].

Los trabajadores de la CRAV estaban afiliados a la FOCh. Habían constituido el Consejo Federal de Alimentación de Viña del Mar a mediados de 1919^[23], y a partir de 1922 pasaron a ser parte del Consejo Industrial de Alimentación de dicha localidad. Su máximo dirigente fue Enrique Parra, quien no fue militante del PC. La fundación del Sindicato Industrial se realizó el viernes 29 de enero de 1926, en el local del Centro Obrero, localizado en la calle Batuco Nº 30. A la reunión asistió el inspector de la Oficina del Trabajo de Valparaíso, Caupolicán Ponce, quien otorgó la personalidad jurídica al nuevo sindicato legal. El directorio elegido, quedó conformado por Enrique Parra, Félix Astudillo y Camilo Quezada, todos pertenecientes a la sección de Almacén de Azúcar; Manuel Lorca, de la sección prensa de azúcar; y Oscar Huerta, de la sección prensa de sacos^[24]. Sin embargo, meses más tarde, la empresa se opuso al reconocimiento del nuevo Directorio sindical, despidiendo a los trabajadores electos^[25]. Se había abierto una nueva fase en la historia del movimiento obrero chileno.

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[1] Lei Nº 4,053 sobre Contrato del Trabajo (Publicada en el Diario Oficial de 29 de Setiembre de 1924). Santiago de Chile, Imprenta Nacional, Moneda 1434, 1924.

[2] Ibid., p. 13.

[3] Lei Nº 4,053 sobre Contrato del Trabajo…, op. cit., p. 7. Además, estableció que los salarios debían ser pagados en moneda de curso legal, poniendo fin al régimen de pago en fichas.

[4] Ley Nº 4057. La organización del Sindicato Industrial. Publicada en el Diario Oficial el 29 de septiembre de 1924, p. 21.

[5] Código del Trabajo…, op. cit p. 81.

[6] Ibid, p. 22.

[7] Ibid, p. 21.

[8] Al respecto ver: Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez…, op. cit., pp. 63-70.

[9] Ver: Código del Trabajo…, op. cit., p. 78.

[10] Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez…, op. cit., p 32.

[11] Ibid, p. 69.

[12] “Noticias de Provincias. En Valparaíso. Acuerdos tomados en Asamblea Plena del Consejo de Alimentación Sección Fideeros realizada en Viña del Mar el 26 de octubre pasado”, Justicia, Santiago, 9 de noviembre de 1924. Cursivas nuestras.

[13] “Actividades de la Junta Ejecutiva Federal”, Justicia, Santiago, 19 de noviembre de 1924.

[14] “¿Debe pedirse la derogación del “Código del Trabajo”, recientemente dictado?. Puntos de vista que debemos tener los sindicalistas revolucionarios”, Justicia, Santiago, 26 de noviembre de 1924.

[15] “En Valparaíso. Extracto de la Junta Provincial”, Justicia, Santiago, 23 de diciembre de 1924.

[16] “Valparaíso. El Consejo de Alimentación”, Justicia, Santiago, 20 de enero de 1925.

[17] “Valparaíso. Sesión ordinaria del Consejo de Alimentación, Sección Fideeros del 21 del presente.”, Justicia, Santiago, 29 de enero de 1925.

[18] “Ayer continuó las labores la Convención de la Federación Obrera de Chile”, Justicia, Santiago, 24 de diciembre de 1925. Cursivas nuestras. También ver: Jorge Barría Serón, Los movimientos sociales de Chile. Desde 1910…, op. cit.,  p. 158-159; Rolando Álvarez, “La matanza de Coruña”…, op. cit., p.p. 88-89.

[19] “Viña del Mar. Se reclama el cumplimiento del Código del Trabajo”, Justicia, Santiago, 22 de abril de 1925.

[20] Al respecto ver: Lira,  Robinson, “Modelo de relaciones industriales y orientación sindical. El caso de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, 1930-1973”, Revista Proposiciones 27, 1996.

[21] Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez…, op. cit., pp. 136-139.

[22] Ver: Robinson Lira,  “Modelo de relaciones industriales y orientación sindical. El caso de la Refinería de Azúcar de Viña del Mar, 1930-1973”, Revista Proposiciones 27, 1996, pp. 186-201.

[23] “En la fábrica de Azúcar de Viña del Mar”, Justicia, Santiago, 13 de agosto de 1926.

[24] “Viña del Mar. Organización del Sindicato Industrial de la Refinería de Azúcar. Acta Oficial de la Primera Reunión”, Justicia, Santiago, 4 de febrero de 1926.

[25] “En la fábrica de Azúcar de Viña del Mar”, Justicia, Santiago, 5 de agosto de 1926; “Lo que ocurre en la Refinería de Azúcar de Viña del Mar”, Justicia, Santiago, 4 de septiembre de 1926; “Publicaciones de la Junta Ejecutiva Federal”, Justicia, Santiago, 5 de septiembre de 1926.

 

Dinero y poder político en la democracia neopinochetista.

Antonio Justo y Juan Valenzuela

20 de octubre de 2014

Una junta de administración de los negocios capitalistas

 Los empresarios y su “personal político” están preocupados. Los casos de corrupción, colusión, abusos, fraudes financieros y maniobras de elusión tributaria destapados durante el último tiempo, así como el escándalo de los “aportes” a los principales partidos del binominal, profundizan la crisis de legitimidad del régimen político neo-pinochetista, heredado de la dictadura, abriendo mayores cuestionamientos a “los de arriba”. La crisis política abierta con el “Pentagate” vuelve a evidenciar la relación “orgánica” de los grandes propietarios con los políticos patronales del régimen (de la Alianza y la Nueva Mayoría), desnudando la naturaleza de clase de un régimen heredero de la dictadura ligado a los “poderes reales” de las grandes fortunas.

 Lo expresó claramente el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz: “los políticos hacen filas para obtener recursos de campaña ante el empresariado (…) Todos los actores saben quiénes van en los desfiles (…) Lo que he dicho es algo que todos conocemos. Lo saben ustedes, lo saben todos. Yo lo que he hecho es decir las cosas en castellano, como corresponde”.

Guillermo Tagle, presidente del foro patronal Icare, se refiere a un “clima anti-empresarial”.

Con una hipocresía rayana en la prepotencia, quiere hacernos creer en la total falta de cálculos e intereses asociados a aquellos aportes empresariales a la política. “Algo que se ha perdido en la sociedad chilena es creer que hay gente que contribuye de buena voluntad porque apoya el servicio público. Quien aporta, hoy se expone a aparecer en una lista como que quisiera recibir un favor especial después” (El Mercurio– 12 de octubre). ¿Es mínimamente creíble que unos empresarios multimillonarios -que cada vez que se tocan sus intereses, aunque sea de modo ínfimo como con la reforma tributaria, ponen el grito en el cielo-, van a aportar a la política por mera “vocación pública” y sin esperar nada a cambio? ¿Y que unos políticos de la UDI, la Alianza o la Nueva Mayoría, van a recibir esos millones sin que eso incida en su inclinaciones políticas posteriores a la hora de ejercer sus roles?

Estamos ante un caso clásico en el que la clase dominante intenta hacer pasar sus intereses particulares como intereses generales de la sociedad. Pero en el Chile neoliberal esto cobra la forma de la prepotencia y la impunidad descarada. La definición del gobierno de los estados modernos como una “junta que administra los intereses de la clase dominante”, realizada por Marx en el Manifiesto Comunista, es plenamente pertinente. Boletas falsas, aportes reservados, a cambio de leyes favorables, espacios de lobby, atenuación de penas ante casos de colusión.

 La “alianza orgánica” empresarios-políticos patronales

Vivimos revolcaos/ en un merengue/

Y en un mismo lodo/ Todos manoseaos

 Enrique Santos Discépolo

 ¿Es el “Pentagate” excepción o regla? ¿Hay empresarios “honestos” que le pasan millones a los políticos de la Alianza y la Nueva Mayoría a cambio de un “bien general” y otros “turbios” que quieren corromper y obtener beneficios privados?

Veamos algunos casos: a) este caso, el “Pentagate” es un escándalo que pone en jaque a la UDI -ya golpeada “orgánicamente”; b) hace algunos meses se destapó -por su propio asesor- el financiamiento directo de varios millones a la diputada UDI Marta Isasi por parte del grupo Corpesca en la tramitación de la “Ley Longueira” (de Pesca) que entregó el mar a perpetuidad a 7 familias entre las que aparecieron personeros con intereses en el sector como el demócrata cristiano Zaldívar, el mismo que prestó su “cocina” para la reforma tributaria con los hermanos Fontaine de la derecha; Isasi también fue formalizada este año por el Ministerio Público por fraude al fisco en las asignaciones parlamentarias; c) el escándalo de las “donaciones reservadas”, una forma legal de financiamiento de diversas fortunas a coaliciones, partidos y candidatos del régimen binominal. Entre 2005 y 2013 -y sólo para financiar las elecciones de diputados y senadores-, se han repartido más de 60 millones de dólares entre Alianza y Concertación. El 75% lo recibe la derecha y el 25% restante, la Concertación, fórmula que se modifica en la presidencial. Entre los parlamentarios que más donaciones reciben, están el diputado UDI Ernesto Silva y el senador PPD Guido Girardi -un “progresista”. También algunos “outsiders” que critican las “malas prácticas” -el neoliberal Andrés Velasco- están en las redes, en este caso financiado por el grupo Penta.

Una práctica común y cotidiana para los capitalistas

Pero esto no es todo. También están los vínculos orgánicos, de familia, de herencias y fortunas, vínculos sociales y círculos empresariales y del poder en que se mueven conjuntamente. Familias, colegios, universidades, clubes sociales, directorios de empresas y partidos patronales. La “república oligárquica” en forma, atada por uno y mil lazos a los empresarios nacionales y al imperialismo y el capital extranjero. Una clase social en la que las prácticas de la corrupción son cotidianas y comunes. Veamos algunos casos recientes: a) El Tribunal de la Libre Competencia acaba de sancionar con la multa más grande en la historia (aunque así y todo, es una miseria en comparación a lo que roban) a tres grandes empresas por el caso “colusión pollos”: Agrosuper, Ariztía y Don Pollo deberán pagar 60 millones de dólares y ordenó suprimir su gremio porque se probó la “colusión” de aumentos de precios de forma coordinada, que afectan en su mayoría al pueblo trabajador. b) El reciente caso “Cascadas”, con los acuerdos entre el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, dueño de SQM (privatizada en dictadura) y magnates de la Bolsa de Comercio de Santiago, de la corredora Vial, que hicieron sobre 300 millones de dólares (un sector donde se concentran miles de millones de dólares “invertidos” en grandes empresas y fortunas, sustraídos como porcentaje de “previsión” de los míseros sueldos de la gran mayoría de la clase trabajadora del país apropiadas por las AFP, Bancos y Empresas). c) El “caso La Polar”, donde un grupo de grandes privilegiados (fácilmente caben en un baño) estafó a medio millón de trabajadores con “repactaciones unilaterales” aumentando deliberadamente las deudas, todo esto en pleno período de movilización de masas 2011 lideradas por el movimiento estudiantil, y que sepultó la imagen de los empresarios en medio de la crisis de confianza en todas las instituciones de la “República” pactada.

“Los de arriba” no pueden seguir gobernando como antes

Sacudidos por la corrupción y los estrechos vínculos entre el dinero y la política del régimen, se acusan y se denuncian unos y otros, hacen tratativas, buscan acuerdos seniles. Pero están cuestionados, poniendo límites a su acción, como muestra la preocupación por un cierto “ánimo anti-empresarial”.

La crisis del Pentagate golpea duramente a la UDI, los “guardianes” del pinochetismo, “atrincherados en la defensa de cada espacio de la obra de la dictadura.Con ella, al conjunto del régimen político: sus instituciones, diputados, senadores, ministros, jueces. La “desafeccción” que notan los cientistas políticos es la enorme brecha existente y ampliándose entre los intereses de la mayoría de las masas trabajadoras y la minoría de empresarios capitalistas que junto a su “casta” de políticos millonarios viven en las condiciones jamás soñadas por los trabajadores y sectores populares. Esa “brecha” abierta tras las movilizaciones de masas lideradas por el movimiento estudiantil el 2011 es la que intenta cerrar la Nueva Mayoría y el gobierno de Bachelet, que al estar cuestionado el régimen, adopta políticas de “transformismo” político con la promesa de un programa de reformas, políticas en este caso, como la promesa de Nueva Constitución junto al fin del binominal y el cambio de la forma de financiamiento a la política. ¿Podrán cerrar los cuestionamientos, pasivizar la lucha de clases y abrir un nuevo ciclo de estabilidad política? Por ahora es difícil, haciendo todo más dinámico e inestable, al calor de las luchas políticas venideras en los marcos de las “reformas”.

La clase obrera ante la democracia neoliberal

¡Por una República de los Trabajadores!

El régimen político en Chile está ligado al poder del dinero, a las grandes fortunas y los propietarios. Su base es la propiedad privada de los medios de producción y distribución reconfigurada neoliberalmente con la dictadura pinochetista y las políticas concertacionistas. El 1% de los propietarios concentra el 30,5% de la riqueza nacional, mientras el 70% de los trabajadores gana menos de $400.000. Claramente es una base construida por medio de la sobreexplotación de los trabajadores, los sueldos de hambre y la precarización laboral. Ya sea encubierta o abiertamente (como quieren algunos “progresistas”), la clase capitalista financia y sostiene un “aparato político” y un “personal político” que les permite ejercer, mediante un poder organizado (Estado), su dominio sobre los explotados y los oprimidos.

Las “bases” de la corrupción están en las relaciones capitalistas y en las relaciones de explotación patronal, que enriquecen a una minoría a costa del trabajo de la mayoría. Por eso la eliminación de la “corrupción” no pasa por “prédicas morales”. Sólo destruyendo el capitalismo y su Estado y poniendo en pie una República de Trabajadores que termine con las grandes fortunas y que ponga las riquezas de la sociedad a disposición de las necesidades de la población, se podrá terminar con el vínculo entre el poder y el dinero. Un Estado basado en la autoorganización, con mecanismos de revocabilidad que permitan el control de todos los funcionarios del Estado, y en el que ningún funcionario gane más que un trabajador calificado, un Estado que retome lo mejor de las tradiciones de la Comuna de Paris, o los Soviets de Rusia antes de la burocratización estalinista.

Para preparar las condiciones para avanzar en esa perspectiva y contribuir a que la experiencia del proletariado y las masas oprimidas con esta democracia para ricos se acelere, la clase obrera debe tomar en sus manos, en conexión con sus objetivos propios y la tarea estratégica de derrotar a los capitalistas; consignas democráticas que cuestionen la herencia de la dictadura, así como las tareas democráticas de todos los sectores oprimidos.

Para terminar con los sueldos millonarios de los cargos electivos y altos funcionarios del estado: que todos los funcionarios y parlamentarios ganen lo mismo que el sueldo de un trabajador calificado. Hay que acabar con las instituciones “oligárquicas” con múltiples prácticas reservadas que escapan a la mirada del pueblo, como es el Senado, o incluso instituciones no electivas como el Tribunal Constitucional que vela por mantener el “espíritu” de la dictadura en las leyes. Hay que realizar juicios por jurado a los responsables de la corrupción. Instaurar la revocabilidad de cualquier cargo electivo. Cuestionar las instituciones autoritarias como la presidencia de la república. Acabar con las trabas para que los dirigentes obreros y de organizaciones sindicales y populares opten a cargos electivos. Esto debe ir de la mano del combate por una Asamblea Constituyente basada en la movilización obrera y popular y por cuestionar la privatización de los servicios, el subcontrato y toda obra neoliberal y las bases materiales de la explotación y el saqueo capitalista. Por impuestos progresivos a las grandes fortunas, con acceso efectivo a los registros contables de las empresas. Junto a un programa de conjunto para terminar con la apropiación privada de la riqueza producida por los trabajadores, como nacionalización sin pago de los recursos estratégicos y de la banca bajo control de los trabajadores, hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo pobre.

En torno a la construcción de un proyecto revolucionario en Chile. Un debate con la intelectualidad de izquierda.

Vicente Mellado. Licenciado en Historia. Universidad de Chile
20-10-2014

Hace una semana el prestigioso Historiador del movimiento laboral chileno, Sergio Grez Toso, publicó en la revista digitalCarcaj una nota titulada El MIR Chileno: Balance esencial a cuarenta años de la caída en combate de Miguel Enríquez.[1]En dicho artículo, a partir del rescate del legado político de la principal figura del MIR, el profesor Grez estableció un balance estratégico de la posible vía de construcción de un proyecto revolucionario en la actual situación histórica de Chile y el mundo.

Compartimos con el profesor Grez dos posturas que un investigador científico social debe tener ante la sociedad civil.
En primer lugar, su visión del quehacer historiográfico. El profesor Grez ha defendido una posición contumaz en la historiografía social chilena de que la reconstrucción del relato historiográfico debe incluir la esfera de la política, integrando lo social y lo económico en el análisis. Sus estudios acerca del movimiento obrero chileno de principios del siglo XX[2], así como su notable investigación del movimiento mutualista del siglo XIX[3], lo han consagrado como el investigador más serio y comprometido con la recuperación historiográfica de la tan desdeñada “clase obrera” al interior de la Historia Social chilena.
En segundo lugar, el profesor Grez es de los pocos cientistas sociales en Chile que publica como mínimo un artículo en promedio por semana acerca de la situación política actual e internacional [4]. En un país como Chile, donde la intelectualidad se relaciona de manera muy débil a los fenómenos de la lucha de clases —comparado con la intelectualidad venezolana, argentina y brasileña— Sergio Grez constituye un referente del estrato de académicos universitarios que intenta mantenerse en la vereda de los “movimientos sociales”. Ser un actor social, y no solo un cientista social, constituye una gran lección para la formación de futuros investigadores sociales en Chile.
Sin embargo, creemos necesario pronunciar una crítica marxista a su “balance esencial” a cuarenta años de la muerte de Miguel Henríquez.
En su artículo, el profesor Grez denota una adaptación propia de la intelectualidad de izquierda al periodo de restauración burguesa instaurado en el mundo a partir de la década de los 80. Esta fase histórica se caracteriza por el triunfalismo neoliberal, impuesto por el capital y el imperialismo sobre la derrota de los movimientos revolucionarios que los trabajadores y pobres del mundo motorizaron durante el periodo 1968-1981.
Si bien rescata el legado de Enríquez de construir un proyecto político revolucionario alternativo al dogmatismo estalinista para transformar la realidad social existente, su balance estratégico diluye al sujeto social hegemónico que puede portar ese proyecto histórico.
En la parte final de su artículo, el profesor se pregunta: “¿La derrota de un proyecto significa la invalidación de su causa? No necesariamente. Pienso que lo esencial de los ideales de la generación revolucionaria que creció y se desarrolló en los años 60 y 70, sigue estando vigente puesto que los grandes objetivos de justicia e igualdad social no han sido cumplidos en nuestro país. Pero, y esta es nuestra tercera interrogante: ¿qué es lo rescatable de esos proyectos fuera de la propia experiencia?[5]
De ahí en adelante se descubre la esencia de su balance estratégico: el sujeto social que puede construir un nuevo proyecto revolucionario socialista en Chile no será la “clase obrera” entendida en términos clásicos, sino que por el contrario, los actores populares.
Constituye una afirmación incuestionable que la clase obrera de antaño se ha transformado por las transmutaciones propias del modo de producción capitalista. En eso estamos de acuerdo con el profesor. En ninguna economía del mundo actual la clase obrera manufacturera constituye la principal fuerza de trabajo de un país. Sin embargo, de aquí se desprenden dos cosas.
En primer lugar, que la clase obrera “clásica” (como la pensaba Lenin) hoy en día no sea mayoría en términos cuantitativos, no significa que no contenga un potencial cualitativo que no tiene otro sujeto social, esto es, la capacidad objetiva de producir la esencia del actual modo de producción: la mercancía capitalista.
En segundo lugar, el profesor adolece de una orientación epistemológica cargada de empirismo metodológico. Sostener que la esencia revolucionaria universal de la clase obrera, no fue, en realidad, jamás fundamentada ni confirmada por la experiencia histórica, obliga al autor a entrar al debate de qué entendió Marx por esencia revolucionaria del proletariado.
Para Marx, el proletariado constituye el sujeto de la revolución socialista por su posición objetiva en el proceso de producción. Es el producto del capitalismo que posibilita su reproducción continua. Por eso se hace necesario que la clase obrera desarrolle su conciencia revolucionaria y se plantee la perspectiva que la única forma de resolver de manera íntegra sus problemas sociales es transformando el capitalismo en un nuevo modo de producción. Este debe sostenerse en la apropiación social de la producción de bienes y servicios. La esencia revolucionaria de la clase obrera resulta de una ontologización histórica. En ningún momento constituye una esencia teleológica por sí misma. La clase obrera no está destinada por un agente externo a ella a superar al capitalismo. La historia lo ha demostrado con creces.
Sin embargo, es la experiencia histórica que realizan los trabajadores en tensión con las relaciones de producción capitalistas lo que posibilita la liberación de su autoconciencia y la posibilidad histórica de su transformación en conciencia revolucionaria. De este modo, en esta época histórica, el rol del partido revolucionario ha demostrado ser esencial para desarrollar y potenciar la actividad crítico práctica del proletariado en el camino del triunfo de la revolución proletaria.
Resulta innegable que la clase obrera como sujeto social no constituyó en todas las revoluciones triunfantes el actor principal y determinante. La experiencia cubana, china y vietnamita dan cuenta de eso. Sin embargo, que el profesor anule de la experiencia histórica el rol que han cumplido los partidos políticos en estos procesos es contradecir su propia línea historiográfica que busca integrar lo político con lo social. El estalinismo y el fascismo fueron clave para determinar el destino histórico de la clase obrera mundial entre el periodo entreguerras. Luego, los acuerdos de Yalta y Potsdam fueron cruciales para comprender porqué se desplazó el foco de la revolución de las economías centrales a las denominadas periféricas. Y existe otro elemento clave. Las revoluciones que levantaron China, Vietnam, y Cuba fueron proyectos socialistas que tuvieron por objetivo salir del atraso económico. Para cumplir la meta, fue necesario crear un proletariado industrial que sostuviera la nueva sociedad. A pesar de que el sujeto esencial de estos partidos guerrilleros fue el campesinado, la nueva sociedad que se construyó no fue un modo de producción campesino o el retorno al agrarismo decimonónico (como hubiese querido el anarquista Makhnó en Ucrania). Por el contrario, dichos Estados Obreros deformados se levantaron sobre una lenta descomposición de las sociedades campesinas.
Es sabido que persistieron dichas relaciones rurales de producción durante todo el proceso histórico de construcción de los nuevos Estados. Ni hablar de las dictaduras burocráticas que se levantaron contra la nueva sociedad civil. La deformación burocrática de dichos estados residió precisamente en el carácter de los partidos políticos que dirigieron dichos procesos. Contenían una estructura burocrática para relacionarse con la acción de las masas. Es el partido guerrilla el que realizó las transformaciones sociales, sustituyendo a la acción de los organismos de auto-organización de las masas.
Pero lo que queremos enfatizar es que la revolución socialista implicó desarrollar a ese sujeto llamado a construir dicha sociedad: el proletariado.
Al respecto el profesor afirmó que “De seguro, el sujeto social revolucionario de los nuevos combates por la liberación es más cercano a aquella visionaria percepción mirista sobre “los pobres de la ciudad y del campo”, un sujeto plural, multiforme, de contornos flexibles, que se construye en torno a ciertos momentos y tareas históricas. No se trata ya de encontrar a “la” clase mesiánica portadora de la liberación de la humanidad, sino de articular en un proyecto revolucionario global las aspiraciones de los trabajadores y demás sectores explotados con las de otros segmentos étnicos, sociales y culturales que cuestionan el capitalismo.” ¿Sujeto plural?, ¿sujeto multiforme?, ¿se construye en torno a ciertos momentos y tareas históricas? Parece que su análisis sufrió un desliz a lo Antonio Negri o Paolo Virno[6].
Es afirmativo sostener que el capital se ha transformado y que no es el mismo que el de la época de los estados de bienestar europeos o los gobiernos nacional desarrollistas latinoamericanos. Pero nótese lo siguiente: el capital no ha desaparecido, se transmutó en algo nuevo caracterizado por una nueva forma de organización de las empresas, tanto industriales como de servicios (toyotismo), y cuya cobertura ideológica se ha llamado neoliberalismo. Si el capitalismo se transformó, también lo hizo el trabajo. Que la mayoría de los trabajadores urbanos de Chile no estén concentrados en fábricas (como si ocurre en grandes ciudades del continente asiático), no significa que no existan millones de trabajadores que perciben salarios miserables o que tengan precariedad laboral (contratos a plazo fijo, subcontratados y part-time).

[1]En: //www.carcaj.cl/2014/10/el-mir-chileno-balance-esencial-a-cuarenta-anos-de-la-caida-en-combate-de-miguel-enriquez/.
[2]Grez Toso, Sergio, Los anarquistas y el movimiento obrero. La alborada de “la Idea” en Chile (1893-1915), Santiago, Lom Ediciones, 2007; Grez Toso, Sergio,Historia del Comunismo en Chile. La era de Recabarren (1912-1924), Santiago, Lom ediciones, 2011.
[3]Grez Toso, Sergio, De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago, RIL Editores, 2007, 2ª edición [1997].
[4] Otros intelectuales importantes pertenecientes a la franja de intelectuales comprometidos con las luchas de los movimientos sociales son Carlos Pérez Soto y Gabriel Salazar Vergara.
[5]Grez Toso, Sergio, op. cit.
[6]Ver la famosa obra de Antonio Negri y Michael Hardt: Imperio. De Paolo Virno, Gramática de la Multitud.
[7]La crítica de Sergio Grez a la concepción historiográfica de Gabriel Salazar en:Grez, Sergio. “Historia de los sectores populares. ¿Con o sin política incluida? A propósito de dos miradas de la Historia social (Chile, siglo XIX)”, en Revista Política, vol. 44, Santiago, 2005, pp. 17-31.

Taller Abierto ACR: 4ta sesión

El próximo jueves 23 de octubre, seguirá el taller abierto de debate estratégico Revoluciones del siglo XX con su 4ta sesión, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la U. de Chile, organizado por la Agrupación Combativa y Revolucionaria y el blog marxismoyrevolucion.

Esta próxima sesión abordará el ascenso revolucionario de los años ´30 bajo el contexto del Frente popular y el fascismo en Europa y Chile. Vicente Molina militante del Partido de Trabajadores Revolucionarios y miembro del blog, junto a Leandro Bravo militante de la ACR de la U. de Santiago de Chile, expodrán al respecto extrayendo las principales lecciones para la lucha revolucionaria actual, a partir de textos de León Trotsky.

Acá la bilbiografía, NO TE LO PIERDAS!

Bibliografía

Trotsky, León, ¿A dónde va Francia?

en: http://www.fundacionfedericoengels.org/images/stories/PDF/trotsky_adonde_va_francia.pdf

Trotsky, León. Lección de España: última advertencia.

En: http://formacionpolitica.prd.org.mx/documentos/trotsky_escritos_espana.pdf

Algunos apuntes en torno al control sobre la educación y una alternativa de clase.

Álvaro Pérez Jorquera,

Vocero de Asamblea de Estudiantes del Departamento de Estudios Pedagógicos G21

Licenciado en Historia,

Estudiante de Licenciatura en Educación y Pedagogía,

Universidad de Chile.

El 2011 puso en el tapete la crisis que cruza al actual sistema educativo, signado por la lógica del mercado en la cual unos pocos se enriquecen por medio de la educación convertida en negocio. Este sistema que impuso la dictadura, fue mantenido y profundizado por los gobiernos de la Concertación y la Derecha, que incluyó algunas medidas como dar espacio a los bancos para que lucren en base a créditos universitarios (a los cuales deben acceder los hijos de los trabajadores a causa de los enormes aranceles por estudiar), la LGE impulsada por Bachelet que vino a maquillar la herencia de la dictadura sin alterar su núcleo fundamental, el mercado educativo, y las reformas de Piñera que apuntaron a la regularización del mercado para así tapar los escándalos de las universidades en quiebra y los cierres de colegios.

Esto no sólo provocó la salida a las calles del movimiento estudiantil exigiendo demandas, sino que también posibilitó que aparecieran diversas fórmulas tendientes a empoderar a los principales actores de la educación en torno a decidir sobre su propia realidad educativa en abierta contraposición al autoritarismo que hoy caracteriza nuestro sistema educacional, muchas de las cuales fueron lecciones a partir de experiencias concretas como fueron las experiencias del Liceo A-90 de San Miguel, el Liceo de Aplicación en Santiago, Eduardo de la Barra de Valparaíso, el colegio Brasil en Concepción o el República Dominicana en La Florida, todos procesos que apuntaron a dar unos primeros pasos en torno a la necesidad de que sean los propios estudiantes, trabajadores y apoderados quienes decidan el rumbo de su educación. Así nacen alternativas políticas en torno a la temática de la democratización de la educación, pero que obedecen a estrategias políticas de fondo divergentes, y así, se contraponen la política del Control Comunitario con la del Cogobierno Triestamental.

En los límites del Control Comunitario.

Un documento emanado desde la ACES plantea que “el Pueblo organizado (movimientos sociales, organizaciones de actores educativos,  trabajadores, etc.) han participado del debate y la gestión de la educación pública en varias ocasiones en la historia de Chile. De distintas formas se ha intentado hacer frente a la domesticación educativa: auto gestionando escuelas para sus hijos, resistiendo las políticas educativas de la elite, proponiendo leyes educativas y participando en la gestión, fiscalización y definición de la orientación de las escuelas”[1]. Nada más inexacto históricamente. Tanto la construcción de experiencias como el proyecto “Escuela Nueva” de la Asociación General de Profesores (AGP), como las Escuelas Racionalistas de la FOCH, el afloramiento de las Escuelas Consolidadas y el proyecto de Escuela Nacional Unificada son ejemplos de proyectos educacionales de fuerte raigambre obrera y como tales, no planteaban el control comunitario, cuestión que ha sido más bien un intento de darle un sostén histórico a un concepto surgido muy recientemente. Muy al contrario, plantearon abiertamente la centralidad de los trabajadores de la educación y la clase obrera en el control de los proyectos educativos, diametralmente opuesto a lo que es el control comunitario y la estrategia del poder popular con la que está relacionada, como veremos más adelante.

¿Cual es el origen del ideal comunitario? Basta con volver a mediados de los 60′ y principios de los 70′, cuando aquellos ligados a las ideas social cristianas que dieron origen a la Democracia Cristiana planteaban el socialismo comunitario como una “tercera vía” opuesta al capitalismo y a los llamados “socialismos reales” estalinistas. Lo que escondía era un forma de desvío a procesos que pudieran desembocar en revoluciones y choques directos entre clases, bajo el manto de una comunidad que intentaba conciliar intereses contrapuestos, muy similar a aquellos que actualmente enarbolan los “socialismos del siglo XXI”, otra forma más de conciliación de clases y socialismos con empresarios, opuestos por el vértice a toda lógica que propenda seriamente a plantearse una perspectiva revolucionaria.

La política del control comunitario se mantiene enmarcada en cierta indefinición que tiene más que ver con los matices entre los grupos que impulsan esta política que a otra cosa. Así podemos ver a grupos como el Movimiento Popular Guachuneit (que han tomado distintos nombres como colectivos locales tales como Somos USACH, La Kiltro en la UMCE y Somos U Chile, entre otros) cuyos planteamientos se direccionan en torno a “cuestionar cada espacio educacional donde estamos sometidos, con la finalidad de controlar nuestra educación y comenzar a decidir nosotros, para ello es necesario avanzar en la incidencia que tenemos en los centros de estudio”[2], lo que en los hechos transforma esta lucha en un proceso por etapas, donde el control efectivo queda en el horizonte mientras se pelea por mayores cuotas de incidencia y participación. Nos preguntamos entonces ¿Si existe la fuerza para imponer mayor participación e incidencia a un sistema caracterizado por su autoritarismo, qué es lo que impide la lucha por el control efectivo? La propia política cortoplazista que divide esta lucha en un programa mínimo (avanzar en mayor incidencia) y un programa máximo (con la finalidad de controlar nuestra educación). Así lo que a primera vista parecía un rojo planteamiento termina mostrando su moderado fondo.

El debate no se detiene allí, pues siguiendo este planteo, la única manera de no subordinarse a un Estado con el carácter de clase que tiene hoy, sería la autogestión total de la comunidad: así recitan en sus escritos que “en un Estado capitalista, la estatización es una jugada en contra de la clase popular. Es por esto que la reforma –por más pataleo de un lado u otro- no viene a cambiar en esencia cómo entendemos la educación”[3]. Esta aseveración no solo no define quienes serán parte de esta lucha, sino que además “crea” una clase ¿Quiénes entran en esta clase popular? ¿Son parte de la misma clase tanto el trabajador, que debe vender su fuerza laboral a un empresario, como el dueño de la panadería que tiene 4 o 5 trabajadores asalariados? ¿O sólo los define su antagonismo común a los grandes empresarios? Ciertamente no es la misma lucha la del trabajador por terminar con su situación de explotación que la del pequeño productor o comerciante por mejores condiciones para continuar con su negocio.

De la misma manera, niega también la sentida demanda de educación estatal enarbolada por el movimiento estudiantil, sin apostar a arrebatarle al Estado el control del sistema educativo sino “construir en los márgenes”, de forma paralela y conviviendo en los hechos con esa educación que dicen combatir. ¿Cuál es el destino de esta propuesta?

Para averiguarlo sólo hace falta remitirse a la experiencia del República Dominicana, dependiente de la municipalidad de la comuna de La Florida, tomado por sus estudiantes y apoderados como reacción al cierre decretado por el alcalde Rodolfo Carter, militante UDI. Luego de meses de intentar levantar la autogestión de la comunidad, el proyecto educativo comunitario se volvió inviable por la falta de recursos, sostenido como estaba en los apoderados de la comunidad, siendo finalmente comprado por el grupo Inti Illimani. Así hoy se mantiene abierto como un colegio privado, con un proyecto educativo de izquierda, pero privado al fin y al cabo, compartiendo el mismo destino que la gran mayoría de los colegios municipales: su traspaso a manos privadas. La mantención de la política de no estatización termina confluyendo de esta manera con el avance en la privatización de la educación, con la construcción de precarios proyectos educativos de izquierda, sostenidos sobre las espaldas de la clase obrera y los sectores populares y aumentando la presión sobre sus castigados bolsillos, verdaderas islas frente a un mar de corporaciones educacionales privadas con dividendos millonarios y subvencionadas por el Estado. Un flaco favor, sin duda, a la lucha popular.

Y así terminan reafirmando que “para acabar con esta realidad debemos construir una educación anticapitalista, disputando espacios y levantando otros necesarios, acumulando fuerzas y uniéndonos para la lucha, controlando nuestros espacios y frenando el avance de las reformas que sólo reacomodan el sistema”[4], es decir que debemos construir una educación anticapitalista (¿dónde? ¿de que manera?) mientras peleamos contra los municipios y los sostenedores para que nos den más participación (porque el control es una finalidad, no un medio) y simultáneamente levantamos precarios proyectos educativos autogestionados. Sin duda no quieren quedar mal ni con aquellos que plantean la educación popular como salida, ni con aquellos que centran sus esfuerzos en la educación formal (con una moderada propuesta). Todo esto enmarcado en la eterna acumulación de fuerzas, que en realidad pone en evidencia la nula disposición a la lucha, por cuanto hay que siempre seguir acumulando fuerzas hasta un momento y cantidad indeterminados. Así sólo hay que luchar por participar, pues no existe la fuerza suficiente para arrebatar el control de la educación, y hay que construir en los márgenes, pues no existe la fuerza suficiente para tomar el sistema educacional por asalto, una lógica que sólo justifica una visión etapista y una política moderada.

Por otra parte, está la propuesta de la ACES, que es respaldada por sectores docentes como el SUTE dirigido por Luis Yánez, en la cual el control comunitario implica que “las escuelas del Estado deben estar bajo el control de las comunidades (estudiantes, docentes, asistentes de educación, apoderados, organizaciones territoriales)”[5], que si bien define con mayor claridad quiénes constituirán aquella comunidad, igualmente no plantea quién será el que dirija el proceso ¿Un olvido? ¿Una discusión no definida?

Nada más alejado de la realidad, pues como ellos mismos plantean, su propuesta “implica la participación real y efectiva del conjunto de la población en determinados territorios, incluyendo la educación y otros temas, como la salud. Esta forma de participación se transforma en trabajo real, que construye, es la forma en que debe organizarse la población chilena”[6]Así terminan de confluir ambas posturas en una concepción que diluye a la clase obrera, sus demandas y sus métodos de lucha, en el heterogeneo entramado del concepto Pueblo, el cual por su composición esta cruzado por intereses divergentes.

Esto política no es nada nuevo. Ya en los años 70’ el MIR puso en práctica su estrategia del Poder Popular, la que al igual que los planteamientos analizados, tiene su base en la unidad territorial de los explotados. ¿Cuáles fueron los problemas de esta estrategia? Por un lado, la estrategia mirista no pone al centro a la clase obrera como sujeto revolucionario. Esto explica que el MIR se construyera por sobre todo entre pobladores y estudiantes, que su frente obrero fuera el más débil de todos sus frentes de construcción y acción política y que su programa para la clase obrera planteara el control obrero para las empresas privadas y mixtas de la pequeña y mediana industria, y la administración obrera, de carácter consultivo, para las grandes empresas estatales, legitimando con ello a los interventores que colocaba la UP en estas empresas y subordinando a la clase obrera al Estado y a la conducción UP.

Por otro lado, la base territorial de la estrategia del Poder Popular se muestra insuficiente como método de combate efectivo contra el capitalismo. Así, si bien los levantamientos territoriales contra la dictadura fueron una importante lucha, tienen también el límite estructural de no poder paralizar el modo de producción capitalista, ni poder ofrecer una superación histórica basada en la apropiación colectiva de la propiedad. La clave de la debilidad estratégica del Poder Popular radica en que “olvidó” una premisa fundamental: el corazón del Capitalismo es la producción y ello eleva a la clase obrera, pieza fundamental de proceso productivo, a la categoría de sujeto esencial de la revolución, una clave esencial para todo aquel que quiera emprender una lucha seria contra el sistema capitalista y su régimen de explotación.

De esta forma, el llamado “Poder Popular” impulsado por el MIR, se configuró como un mero espacio de organización popular que diluyó a la clase obrera, el principal sujeto de la revolución, entre los intereses diversos del pueblo, subordinándola. El MIR planteó este poder como independiente del Estado (sus instituciones), pero no del gobierno (sus partidos) en circunstancias que la UP llamaba a la devolución de las fábricas y los fundos tomados e intentaba llegar a un acuerdo con la DC, integrante de la CODE golpista. Así, el MIR quedó orbitando alrededor de la UP, como una presión desde su izquierda y no fue capaz de configurarse como una alternativa revolucionaria, contribuyendo así a la derrota del ascenso de masas de los años 70’.

Es dentro de esta tradición histórica y estratégica que se enmarcan los grupos que hoy plantean el control comunitario, que en lo fundamental, mantienen un contenido policlasista y pequeñoburgués que diluye a la clase obrera entre los diferentes intereses de quienes componen “el Pueblo”; y un método territorial de lucha, que no obstante no toca la clave del capitalismo, la producción.

El Cogobierno Triestamental como alternativa de clase

Como planteamos anteriormente, la política del cogobierno es el fundamento de numerosos proyectos educacionales a lo largo de la historia. Fue también el núcleo de la reforma universitaria de 1967 que removió los cimientos anquilosados de la universidad tradicional, lo que representó un primer paso para poner la educación al servicio de las necesidades de la clase obrera. La Escuela Nacional Unificada implicó así un paso más allá al hacer extensivo este principio al conjunto del sistema educativo, aunque su gran límite en este sentido fue que lo hizo bajo la lógica de la participación con autoridades estatales y empresarios, recortando la capacidad efectiva de control por parte de los trabajadores[7].

Sin embargo recogemos lo mejor de estas experiencias, definiendo con claridad en primera instancia a los principales actores que deben decidir en educación: académicos, estudiantes y funcionarios en la universidad; trabajadores de la educación (docentes y no docentes), estudiantes y apoderados en la escuela, bajo órganos paritarios de representación como pueden ser los consejos universitarios y los consejos escolares, ambos de carácter resolutivo. ¿Significa esto, como plantean algunos, que los establecimientos escolares y universitarios se desligan de su entorno?

De ninguna manera. Hoy en día son miles y miles los estudiantes de origen humilde, hijos de la clase trabajadora y los sectores populares, que han ingresado al sistema formal de educación en sus niveles primario, secundario y superior, en una masificación del sistema educativo nunca antes vista, cuya única comparación podría ser la cobertura alcanzada en los 70’ durante la UP. Sin embargo, como bien sabemos, esta masificación se hizo de la mano con el avance del sector privado y la transformación de la educación en un negocio y así tenemos que la mayoría de estos estudiantes hoy se encuentra a merced del mercado y los empresarios. Sin embargo no deja de ser algo menor la enorme presencia que tienen estos sectores de la sociedad en el ámbito educativo y que potencialmente, se puede transformar en un enorme potencial a la hora de hablar sobre capacidad de decisión.

Así de la mano con un financiamiento estatal efectivo al sistema educativo, sin empresarios, que pueda sostener los proyectos educativos decididos por los propios actores, el Cogobierno Triestamental se transforma en la única forma de asegurar esta relación en particular con su entorno, y a nivel general, es la única capaz de orientar la la educación hacia las necesidades de la clase trabajadora, de los sectores populares y de sus hijos por su capacidad de control y decisión efectiva, en la perspectiva de impulsar la lucha por una Nueva Escuela Nacional Unificada.

La clave del debate entonces no es la articulación con otros sectores de la clase obrera y el mundo popular, sino quién decidirá efectivamente el destino de los proyectos educativos, que para nosotros debe ser la clase obrera, los trabajadores, sujeto revolucionario por excelencia, ya que son los únicos capaces de golpear el corazón del capitalismo: la producción. Así, a través de sus métodos de lucha históricos, como lo es la huelga, no sólo son capaces de paralizar la producción, sino que mediante la toma de las fábricas y demás lugares de trabajo cuestionan objetivamente la base del poder burgués que es la propiedad privada, enfrentamiento que debe hacer a la cabeza de los sectores oprimidos y explotados de la sociedad, cuestiones fundamentales que todo revolucionario serio debe tener en cuenta si quiere enfrentar decididamente al capitalismo.

Trabajadores de la Educación, apoderados que en su gran mayoría trabajan en los diferentes sectores de la economía de este país, los hijos de los trabajadores, son quienes deben decidir si queremos emprender la construcción de un proyecto educativo distinto, con una orientación de clase, puesta al servicio de las necesidades e intereses de quienes realmente mueven este sistema. Así quienes impulsamos el Cogobierno Triestamental luchamos no por participar o incidir, sino por decidir, no por construir en los márgenes un proyecto precario de educación, sino que queremos tomar el sistema educativo por asalto porque estamos  convencidos que el poder no se crea, sino que decididamente se arrebata.

[1] ACES. Minuta 1 Control Comunitario, 2013, pág. 1

[2] Movimiento Popular Guachuneit. Boletín estudiantil Ahora Guachu N°1, Agosto 2014., pág. 3

[3] Íbid.

[4] Íbid.

[5] ACES. Op. Cit. Pág 5.

[6] Ibid.

[7] Al respecto de esto, el documento de la ENU plantea explícitamente, refiriéndose a la implementación de los programas, que “en este aspecto de la creación de la ENU debe estar presente la participación de la comunidad organizada (…) para asesorar a las autoridades educacionales en el estudio y elaboración de la planes de desarrollo educacionales, de su jurisdicción y en la coordinación del proceso educativo”. Ministerio de Educación. La Crisis Educacional. Ed. Quimantú. Septiembre de 1973. Pág 49. Respecto a su definición de comunidad “esta participación se realizará en forma democrática para concretar el trabajo común y fructífero de profesores y estudiantes con padres, apoderados, trabajadores y representantes de entidades educacionales y de organismos comunitarios”. Cabe destacar que los organismos comunitarios se refiere a las juntas vecinales, clubes deportivos y culturales de la época y por entidades educacionales a las del Estado, las de particulares como empresarios, la Iglesia y e incluso otras mantenidas por la institución de Carabineros. Íbid.